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Blanqueo de capitales: el nuevo reglamento amplía la identificación en notarías desde el 28 de octubre

Qué se ha publicado y cuándo empieza a aplicarse

El BOE del 8 de octubre recoge el Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, que retoca once reglamentos del sector financiero. La parte que más afecta al ciudadano es la reforma del reglamento de prevención del blanqueo de capitales, el que desarrolla la Ley 10/2010. El texto incorpora parcialmente la directiva europea de 2024 sobre la materia y llega antes de la evaluación internacional a la que se somete España.

La norma entra en vigor a los veinte días de su publicación, es decir, el 28 de octubre de 2026. No todo se aplica ese día, porque varias novedades tienen plazo propio:

• Seis meses para que los operadores de juego y los jugadores ya registrados se adapten a la nueva comprobación de identidad.
• Nueve meses para que los sujetos obligados pequeños (menos de diez empleados y volumen de negocio o balance que no supere los dos millones de euros) comuniquen su representante al Servicio Ejecutivo de prevención del blanqueo.
• Dieciocho meses, contados desde la publicación, para aplicar las reglas sobre medios de identificación electrónica, incluido el DNI digital.

En la notaría te identificarán en casi todos los actos

Hasta ahora, el reglamento dejaba fuera de estas obligaciones los actos notariales y registrales que no tuvieran contenido económico o patrimonial. Esa exclusión desaparece. Además, el nuevo texto dice que la identificación y la comprobación de la identidad se harán en todo caso en las operaciones ante notario, con la única salvedad de los actos que recoge un artículo concreto del Reglamento Notarial.

La misma regla de identificación sin excepción por importe se aplica al envío de dinero, a la gestión de transferencias y, como novedad, a los cajeros de criptoactivos. Para el resto de operaciones ocasionales, el texto mantiene la identificación a partir de 1.000 euros, y de 2.500 euros en el cobro de premios de loterías y juegos de azar.

En la práctica, cuando vayas a firmar ante notario, lleva siempre tu documento de identidad original y en vigor, aunque el acto te parezca un trámite menor. Un documento caducado es una de las causas más habituales de que una firma se retrase. Si firmas en nombre de otra persona o de una sociedad, lleva también lo que acredita esa representación.

DNI digital, altas a distancia y juego online

El reglamento admite ya el DNI en su versión física o digital como documento válido para identificarte. Pero esta parte no se aplica de inmediato: tiene los dieciocho meses de margen citados y depende de una orden ministerial que fije los medios tecnológicos. Hasta entonces, no cuentes con que un banco, una gestoría o una inmobiliaria te acepten solo el DNI del móvil.

Si contratas a distancia, por teléfono o por internet, la entidad puede usar procedimientos alternativos de identificación siempre que cumplan los requisitos mínimos fijados por el Servicio Ejecutivo. Además, debe obtener copia de tus documentos en el plazo de un mes desde que empieza la relación. Si te la piden después de darte de alta, no es una irregularidad: es una obligación suya, y no atenderla puede acabar en el bloqueo del servicio.

Los datos de identificación, incluidos los obtenidos por medios electrónicos, se conservan diez años desde que termina la relación o se ejecuta la operación.

En el juego online, el operador tendrá que comprobar que el titular del medio de pago usado para ingresar y retirar dinero es el mismo titular de la cuenta de juego. Si ya estás registrado, tienes seis meses para adaptarte. Durante ese tiempo puedes depositar y jugar, pero no retirar premios hasta cumplir el requisito. Si pasa el plazo sin hacerlo, el operador debe resolver el contrato y devolverte el saldo. Usar la tarjeta de un familiar deja de ser una opción.

Cuentas básicas, asociaciones y pequeños negocios

El mismo real decreto toca la norma de las cuentas de pago básicas, pensadas para personas en riesgo de exclusión financiera. Cuando el cliente no tiene la documentación ordinaria, la situación se acredita con un informe de los servicios sociales del municipio donde está empadronado. Ahora, de forma excepcional, también pueden aportar esa información las entidades sin ánimo de lucro del sistema de acogida y las del tercer sector de acción social, mediante una declaración responsable. El banco debe aceptarla salvo que vea indicios razonables de falsedad.

Las fundaciones y asociaciones con un riesgo superior al medio, o que actúen en territorios con riesgo de financiación del terrorismo, deberán registrar a donantes y beneficiarios en las operaciones de más de 1.000 euros. Las entidades religiosas quedan fuera de esta regla. Si formas parte de la junta de una asociación que mueve fondos hacia el extranjero, conviene revisar cómo documentáis las aportaciones.

Si tienes un negocio pequeño sujeto a esta normativa, como una agencia inmobiliaria o una asesoría, revisa dos cosas: si entras en el grupo de sujetos de reducida dimensión, que el reglamento exime de parte de las obligaciones de control interno, y el plazo de nueve meses para comunicar tu representante.

Qué conviene tener presente

Estas reglas explican por qué en una compraventa, una herencia o la apertura de una cuenta te piden documentos y te preguntan por el origen del dinero. No es desconfianza personal, y negarte suele significar que la operación no se hace.

• Antes de una firma importante, comprueba la vigencia de tu DNI, NIE o pasaporte.
• Guarda los justificantes del origen de los fondos: transferencias, escrituras anteriores, donaciones o préstamos familiares documentados.
• Si te bloquean una cuenta o una operación por falta de documentación, pide por escrito qué te falta y en qué plazo debes aportarlo.

Tiene sentido consultar a un profesional antes de la operación, y no después, cuando el dinero viene del extranjero, de una venta antigua mal documentada o de aportaciones en efectivo.

El Supremo confirma que rechazar sin negociar un cambio de horario por conciliación tiene consecuencias

Qué ha resuelto el Supremo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre qué ocurre cuando pides adaptar tu horario para cuidar de un familiar y la empresa contesta con una negativa sin haberse sentado a hablar contigo. Lo hace en la sentencia 687/2026, de 9 de septiembre, conocida estos días, que rechaza el recurso de la empresa y mantiene la condena a pagar 7.501 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales.

El caso es el de un jefe de área con jornada partida que, en abril de 2024, pidió por escrito pasar a un horario continuo de 7:00 a 15:00, sin reducir sus 40 horas semanales. Tenía un hijo menor de doce años que salía del colegio a las 14:00 y la madre trabajaba a turnos rotatorios. La empresa le pidió primero que acreditara los horarios del otro progenitor y, pocos días después, le comunicó por escrito que no era posible por razones organizativas y productivas. No hubo propuesta alternativa ni intercambio de opciones.

El juzgado dio la razón a la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias la revocó, declaró vulnerado el derecho a la conciliación y fijó la indemnización. El Supremo confirma ahora ese criterio y aplica la doctrina que ya había sentado en septiembre de 2025 en un asunto muy parecido.

Negociar no es contestar con un escrito motivado

El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores te reconoce el derecho a solicitar cambios en la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestarlo, incluido el trabajo a distancia. Si el convenio no regula cómo hacerlo, la empresa debe abrir un proceso de negociación de un máximo de quince días. Si en ese plazo no hay oposición expresa y motivada, la petición se presume concedida.

La sentencia insiste en varias ideas:

• Abrir la negociación es obligatorio para la empresa, no un trámite del que pueda prescindir.
• Negociar supone poner sobre la mesa propuestas y contrapropuestas con buena fe y buscar un acuerdo.
• La ley no ampara responder directamente con un no, aunque esté razonado. Lo que cabe, si no se acepta, es plantear una alternativa que permita conciliar o, tras negociar, denegar explicando las razones objetivas.
• Si la empresa se salta ese paso y el asunto llega al juzgado, lo que procede es conceder la adaptación tal como se pidió, salvo que el juez la considere manifiestamente irrazonable o desproporcionada.

Quién puede pedirlo y qué plazos corren

Puedes solicitar la adaptación si tienes hijos, hasta que cumplan doce años. También si necesitas cuidar de hijos mayores de esa edad, de tu cónyuge o pareja de hecho, de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado o de otras personas dependientes que convivan contigo y no puedan valerse por sí mismas. En estos últimos supuestos tienes que justificar las circunstancias.

La ley exige que lo que pides sea razonable y proporcionado, tanto para tus necesidades como para las de la empresa. No es un derecho automático a elegir horario: es un derecho a pedirlo y a que se negocie en serio.

Hay dos plazos que conviene tener presentes:

• Quince días, como máximo, para la negociación desde que presentas la solicitud.
• Veinte días para demandar ante el juzgado de lo social desde que la empresa te comunica su negativa o su disconformidad. El procedimiento es urgente y preferente, y en la misma demanda puedes reclamar los daños y perjuicios causados por la negativa o por el retraso.

Errores habituales y qué conviene revisar

El fallo más frecuente del trabajador es pedirlo de palabra. Hazlo por escrito, con fecha y con acuse de recibo, e indica el horario concreto que propones, el motivo y por qué crees que encaja con tu puesto. Guarda todas las respuestas.

El segundo es dejar pasar el tiempo después de un no. Los veinte días se agotan rápido y, si se te pasan, tendrás que volver a empezar con una nueva solicitud.

Tercero: mira antes tu convenio colectivo. Puede fijar un procedimiento propio para estas peticiones, y en ese caso es el que debes seguir.

Si eres quien dirige la empresa, la lección es la contraria: una carta de denegación bien argumentada no basta. Convoca al trabajador, estudia opciones intermedias, deja constancia escrita de lo que se propone y se descarta, y responde dentro de los quince días. En este caso la empresa había detallado sus razones organizativas, pero quedó probado que las reuniones a las que asistía el trabajador se celebraban antes de las 15:00, de modo que el horario pedido no alteraba la coordinación.

Tiene sentido consultar con un profesional en cuanto recibes la negativa, o antes de contestar si eres la empresa: el margen es corto y lo que se haya hecho, o no, durante esos primeros quince días pesa mucho en el resultado del juicio.

Elecciones generales el 29 de noviembre: plazos del voto por correo, el censo y las mesas electorales

Qué ha publicado hoy el BOE

El Boletín Oficial del Estado de este martes, 6 de octubre, recoge el Real Decreto 806/2026, que disuelve el Congreso y el Senado elegidos en julio de 2023 y convoca elecciones a ambas cámaras para el domingo 29 de noviembre de 2026. El decreto entra en vigor hoy mismo.

El texto fija también el resto del calendario político: la campaña durará quince días, del viernes 13 al viernes 27 de noviembre, y las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre a las diez de la mañana. Todo el proceso se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Más allá de la lectura política, la convocatoria pone en marcha desde hoy una serie de plazos que te afectan como elector. Casi todos se cuentan a partir del día de la convocatoria y ninguno se puede recuperar una vez vencido.

El censo: ocho días para comprobar tus datos

La ley electoral obliga a los ayuntamientos y a los consulados a abrir un servicio de consulta de las listas electorales durante ocho días, a partir del sexto día posterior a la convocatoria. Contando desde hoy, ese periodo va del 12 al 19 de octubre. Confirma en tu ayuntamiento cómo y en qué horario atiende la consulta, porque el día 12 es festivo.

En ese mismo plazo puedes reclamar ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, directamente o a través del ayuntamiento. Conviene saber qué se puede corregir y qué no:

• Sí se atienden los errores en tus datos personales, los cambios de domicilio dentro de la misma provincia y el caso de quien no aparece en ninguna sección teniendo derecho a ello.
• No se tiene en cuenta el traslado a otra provincia hecho después del cierre del censo: votarás en la sección de tu domicilio anterior.
• También puedes pedir que no se entreguen tus datos a las candidaturas para el envío de propaganda electoral a tu casa.

El error habitual es esperar a recibir la tarjeta censal. Si te has empadronado hace poco en otro municipio, compruébalo estos días: si descubres el problema el día de la votación, ya no tendrá arreglo.

Voto por correo: se puede pedir desde hoy

Si prevés que el 29 de noviembre no estarás en tu localidad o no podrás acudir al colegio, puedes votar por correo. La solicitud se presenta en cualquier oficina de Correos desde la fecha de la convocatoria y hasta el décimo día anterior a la votación, es decir, hasta el 19 de noviembre.

Tres detalles que conviene tener claros:

• La solicitud es personal y exige enseñar el DNI original. La ley no admite fotocopia.
• Si una enfermedad o una incapacidad te impide ir, otra persona puede hacerlo por ti, pero solo con certificado médico oficial y con una autorización notarial o consular individual. Nadie puede representar a más de un elector.
• Una vez pedido el voto por correo, quedas anotado en el censo y ya no podrás votar en persona el día de las elecciones.

La documentación llega después por correo certificado al domicilio que indiques, y tienes que firmar tú la recepción. La ley sitúa ese envío a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, así que no la esperes antes de la segunda semana de noviembre. El sobre con tu voto debe salir, también certificado, antes del tercer día previo a la votación. No apures: un voto que llega tarde a la mesa no se cuenta.

Si te toca mesa electoral

Los ayuntamientos sortean los presidentes y vocales de las mesas entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. En este calendario, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Entran en el sorteo los electores de cada mesa que sepan leer y escribir y tengan menos de setenta años. Quien haya cumplido sesenta y cinco puede renunciar en un plazo de siete días.

El cargo es obligatorio. Si te designan, dispones de siete días desde la notificación para alegar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada, siempre con documentos que la acrediten. La Junta resuelve en cinco días y contra su decisión no cabe recurso. Dejar pasar esos siete días pensando que bastará con avisar la víspera es el fallo más frecuente. Si el impedimento surge más tarde, hay que comunicarlo con al menos 72 horas de antelación y con justificantes. No presentarse sin causa admitida tiene consecuencias penales.

Si trabajas por cuenta ajena o eres funcionario, formar parte de la mesa te da derecho a reducir cinco horas tu jornada del lunes 30 de noviembre. El permiso retribuido de jornada completa solo se aplica si el día de la votación es laborable para ti.

Qué pasa con las leyes que estaban en trámite

La disolución tiene otro efecto que conviene conocer si tu asunto dependía de una reforma anunciada. Las normas ya publicadas en el BOE siguen plenamente vigentes: tu contrato, tu plazo o tu procedimiento se rigen por lo que hoy está en vigor. En cambio, los proyectos y proposiciones de ley que estaban tramitándose decaen con la legislatura, y habrá que esperar a que las nuevas Cortes los retomen, si lo hacen.

Mientras tanto funciona la Diputación Permanente de cada cámara, que entre otras cosas puede pronunciarse sobre los decretos-leyes que apruebe el Gobierno. Por eso, si estabas retrasando una decisión a la espera de un cambio legal, lo prudente es no contar con él a corto plazo. Y si tienes un plazo corriendo, trátalo como firme: ni la convocatoria ni la campaña suspenden los plazos administrativos o judiciales.

Vivienda: el plan de un nuevo decreto validado en la Diputación Permanente y cómo afectaría a tu alquiler

Qué ha pasado desde el viernes

El Congreso rechazó el viernes 2 de octubre los dos decretos-ley de vivienda que el Gobierno había aprobado el martes anterior. El primero cayó por 178 votos en contra y 172 a favor; el segundo, por 184 frente a 166. Con ello dejaron de aplicarse, entre otras medidas, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la renovación automática por cinco años y el refuerzo de la protección frente al desahucio de personas vulnerables.

El sábado 3 hubo manifestaciones por la vivienda en más de cincuenta ciudades, y los sindicatos de inquilinos hablan de una huelga general que todavía no tiene fecha. El detonante fue el desahucio en Madrid, a finales de septiembre, de una mujer de 87 años.

Este lunes el presidente del Gobierno ha comparecido en la Moncloa con el adelanto electoral sobre la mesa. El plan que ha trascendido tiene dos piezas: disolver las Cortes y volver a aprobar el contenido de los decretos en Consejo de Ministros. A la hora de cerrar este texto, el BOE de hoy no publica ninguna disposición general: no hay decreto de vivienda nuevo ni convocatoria electoral en vigor.

Por qué importa la Diputación Permanente

Un decreto-ley entra en vigor cuando se publica, pero es provisional: el Congreso tiene treinta días para convalidarlo o derogarlo. Si las Cortes están disueltas, esa votación no la hace el Pleno, que deja de reunirse, sino la Diputación Permanente, un órgano reducido que mantiene las funciones mínimas de la Cámara hasta que se constituye la nueva.

Ahí está la clave del plan. Según los cálculos publicados estos días, la Diputación Permanente tiene 69 miembros y los grupos que apoyaron las medidas sumarían 35 sin contar con Junts, cuyo voto fue decisivo el viernes. La cuenta es ajustada y depende de que no falle ningún socio.

Hay un precedente: en 2019, también con las Cortes disueltas, un decreto-ley de alquiler salió adelante en la Diputación Permanente por 33 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

En cuanto al calendario, la ley electoral fija la votación 54 días después de la convocatoria. Si el decreto de disolución apareciera en el BOE del martes 6, las elecciones caerían el domingo 29 de noviembre.

Qué se aplica hoy a tu contrato

Mientras no se publique nada, rige la Ley de Arrendamientos Urbanos en su redacción ordinaria. Lo que más se consulta estos días:

• Fin del contrato. Pasados los cinco años de duración mínima (siete si el arrendador es una persona jurídica), el casero que no quiera renovar debe avisarte con al menos cuatro meses de antelación, y tú con dos. Si nadie avisa, el contrato se prorroga por años hasta un máximo de tres más.
• Prórrogas extraordinarias. Siguen existiendo las que ya recogía la ley: hasta un año si acreditas vulnerabilidad con un informe de servicios sociales y el arrendador es gran tenedor, y hasta tres años, por anualidades, en zonas declaradas tensionadas. Las dos hay que solicitarlas.
• Lo anunciado no cuenta. Un acuerdo del Consejo de Ministros no produce efectos hasta que el texto sale en el BOE. Ni el inquilino puede exigir todavía una prórroga que no está publicada, ni el propietario debe darla por hecha.

Qué conviene hacer estos días

El error más frecuente en una situación así es actuar con la norma equivocada: reclamar un derecho del decreto derogado, o suponer que el nuevo recuperará sin más lo que el anterior concedía. Si llega a publicarse, habrá que leer dos cosas antes que ninguna otra: la fecha de entrada en vigor y las disposiciones transitorias, que son las que dicen a qué contratos se aplica. Su contenido puede no coincidir con el de los textos rechazados.

Ten presente, además, que un decreto nuevo abriría otro plazo de treinta días de provisionalidad. En pocas semanas podrías encontrarte con tres regímenes distintos según la fecha de cada firma o comunicación. Por eso conviene:

• Dejar constancia fechada de todo: avisos de no renovación, solicitudes de prórroga y respuestas, mejor por burofax o por un medio que acredite contenido y recepción.
• No dejar pasar los plazos de preaviso de la ley vigente a la espera de la nueva norma. Si tu contrato vence en los próximos meses, cuenta los cuatro o los dos meses desde hoy.
• Si firmas un contrato estos días, anotar bien la fecha: será la que determine qué reglas te tocan.
• Si tienes un procedimiento de desahucio en marcha o una fecha de lanzamiento señalada, hablar ya con tu abogado. Las suspensiones no operan solas: se piden en el juzgado, con la documentación de vulnerabilidad, y dependen de la norma en vigor en ese momento.

Y si pediste o concediste algo durante los pocos días en que los decretos estuvieron vigentes, guarda toda la documentación y consulta tu caso concreto, porque el alcance de lo hecho en ese intervalo no es evidente y puede acabar discutiéndose.

Desde el 5 de octubre la empresa debe detallarte por escrito salario, jornada y algoritmos: cómo pedirlo

Qué entra en vigor el 5 de octubre

El Real Decreto 723/2026, publicado en el BOE el 15 de septiembre, empieza a aplicarse el 5 de octubre, veinte días después de su publicación. Sustituye por completo al reglamento de 1998 que regulaba la información que la empresa debía dar al trabajador sobre su contrato. Incorpora parte de la directiva europea de 2019 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.

La empresa tiene que informarte por escrito de los elementos esenciales del contrato y de cómo se va a desarrollar el trabajo, y debe hacerlo antes de que empiece la relación laboral. La obligación afecta a los contratos de más de cuatro semanas. Si todo consta ya en el contrato escrito que tienes en tu poder, la empresa ha cumplido. Si el contrato solo recoge una parte, debe entregarte el resto en un documento aparte.

Qué datos tienen que darte

La lista es bastante más larga que la anterior. Entre otros extremos, la información debe incluir:

• Salario: el importe del salario base y de cada complemento, por separado, con su periodicidad y forma de pago. Si hay parte variable, cómo se calcula y qué criterios determinan que la cobres.
• Jornada: duración y distribución diaria, semanal y anual, si hay trabajo nocturno o a turnos, cómo puede modificarse, qué se ha pactado sobre horas extraordinarias y cómo se fijan las vacaciones. Si la jornada es irregular, las horas y días en que pueden llamarte y el preaviso mínimo.
• Contrato temporal: la causa concreta que lo justifica, las circunstancias que la explican y su relación con la duración prevista.
• Periodo de prueba: su duración exacta y sus condiciones.
• Algoritmos: si la empresa usa sistemas automatizados para decidir sobre jornada, tareas, salario, promoción, lugar de trabajo o despido, debe decírtelo y explicarte sus criterios y reglas de funcionamiento.
• Convenio colectivo: los datos que permitan identificarlo, incluidos su código y la fecha de publicación, su vigencia y si está en ultraactividad.
• Extinción: el procedimiento, los requisitos formales y los plazos de preaviso de ambas partes.
• Otros: lugar de trabajo, grupo profesional con una descripción del puesto, derecho a formación, plan de igualdad y protocolo de acoso, mutua o entidad que cubre las contingencias y, si existen, mejoras voluntarias y planes de pensiones.

Para algunos de estos puntos (salario base, jornada, vacaciones, periodo de prueba, formación o preavisos) la empresa puede remitirse a la ley o al convenio. La referencia tiene que ser precisa y permitirte identificar la norma. Una mención genérica al convenio no cumple ese requisito.

Si ya tienes contrato, tienes que pedirlo

El error más probable es pensar que la empresa va a enviar esta información a toda la plantilla por iniciativa propia. Para los contratos que ya estaban vigentes el 5 de octubre, la norma solo obliga a entregarla al trabajador que la solicite. Desde que recibe la solicitud, la empresa tiene treinta días hábiles para facilitarte lo que no tengas ya.

Conviene tener en cuenta dos cosas:

• El plazo cuenta desde la recepción, así que pide la información por un medio que deje constancia de la fecha: correo electrónico corporativo con acuse, escrito con copia sellada o el canal interno que use tu empresa.
• Son días hábiles, no naturales, de modo que el plazo real supera el mes.

La respuesta puede llegar en papel o en formato electrónico. En el segundo caso tienes que poder acceder al documento, guardarlo e imprimirlo. La empresa debe conservar prueba de que te lo ha enviado o de que lo has recibido.

Cambios de condiciones y qué conviene revisar

Cualquier modificación de los datos anteriores debe comunicarse por escrito lo antes posible y, como muy tarde, el día en que empiece a aplicarse. Esto vale también para los contratos antiguos cuando el cambio se produzca a partir del 5 de octubre. Este aviso no sustituye al procedimiento que el Estatuto de los Trabajadores exige para modificar un contrato. Que te informen de un cambio no significa que esté bien hecho.

Si trabajas por cuenta ajena, guarda todo lo que recibas. Un documento que detalla cómo se calcula tu variable, qué causa justifica tu contrato temporal o qué preaviso te corresponde es una prueba útil si más adelante discutes una nómina, la temporalidad o un despido. Comprueba que lo que dice el papel coincide con lo que ocurre en la práctica y, si no coincide o la empresa no contesta en plazo, consulta antes de dejar pasar el tiempo.

Si tienes empleados, aunque sea uno, revisa tus modelos de contrato antes de la próxima alta. Lo que no figure en ellos tendrá que ir en un documento complementario entregado antes del primer día de trabajo. La norma prevé que el Servicio Público de Empleo Estatal ofrezca un modelo de documento informativo en su web, pero aclara que la obligación es exigible aunque ese modelo no esté disponible. Prepara también la respuesta a las solicitudes de la plantilla actual, sobre todo en lo relativo a retribución variable, distribución de la jornada y uso de herramientas automatizadas, que es donde más suele faltar documentación.

La nueva ley de discapacidad y dependencia sale en el BOE: qué cambia desde el 23 de octubre

Qué se ha publicado y desde cuándo se aplica

El Boletín Oficial del Estado de hoy, 3 de octubre, publica la Ley 4/2026, de 1 de octubre. Reforma a la vez dos normas: la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de dependencia de 2006. De paso retoca otras leyes, entre ellas la de propiedad horizontal y la de contrato de seguro.

La ley no se aplica desde hoy. Su última disposición final fija la entrada en vigor a los veinte días de la publicación, lo que nos lleva al 23 de octubre. Hasta entonces siguen valiendo las reglas anteriores, así que lo que pidas o te resuelvan estas semanas se rige, en principio, por ellas.

Dependencia reconocida, discapacidad reconocida

El cambio con más alcance práctico es una equivalencia. La ley sigue considerando persona con discapacidad a quien tiene reconocido un grado igual o superior al 33 %, y añade que el grado de dependencia se asimila a un porcentaje:

• Grado I de dependencia: equivale a un 33 % de discapacidad.
• Grados II y III: equivalen a un 65 %.

Esto evita, para lo que regula esta ley, tener que pasar por dos valoraciones distintas. Quien crea que le corresponde un porcentaje mayor puede seguir pidiendo la valoración de discapacidad por la vía ordinaria.

Aquí conviene ser prudente. La equivalencia se establece a los efectos de esta ley. Muchas ventajas ligadas a la discapacidad, como las fiscales o determinadas bonificaciones, están en otras normas que dicen cómo debe acreditarse el grado. Antes de dar por hecho que la resolución de dependencia te sirve para todo, comprueba qué exige la norma concreta del beneficio que quieres pedir.

Qué cambia en las prestaciones de dependencia

La reforma de la Ley de dependencia va en la dirección de permitir más combinaciones y menos esperas. Según explica el propio texto:

• La teleasistencia pasa a configurarse como un derecho subjetivo de todas las personas en situación de dependencia.
• Se suprime el régimen estatal de incompatibilidades entre prestaciones, que hasta ahora impedía, como regla general, sumar una prestación económica con un servicio o dos servicios entre sí. Lo que cada comunidad autónoma tenga establecido sigue contando.
• Desaparece el plazo suspensivo de hasta dos años que podía aplicarse a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
• Las prestaciones de ese tipo que estuvieran suspendidas antes de la entrada en vigor se reactivan y recuperan su cuantía.
• La asistencia personal se flexibiliza: deja de estar ligada al ámbito educativo o laboral y se abre a cualquier grado, sin límite de edad.
• La ayuda a domicilio se extiende al entorno cercano de la persona y puede organizarse para grupos pequeños de vecinos.
• La escala de valoración específica para niños se aplicará hasta los seis años, en lugar de hasta los tres.

Si ya tienes un Programa Individual de Atención, estos cambios no lo modifican por sí solos. Lo razonable es revisar qué prestación tienes reconocida y, una vez en vigor la ley, valorar si te interesa pedir su revisión ante los servicios sociales de tu comunidad autónoma. En Cataluña, la gestión corresponde a la Generalitat.

Comunidades de vecinos, seguros y vivienda protegida

La ley modifica la Ley de propiedad horizontal para reforzar el deber de hacer obras de accesibilidad, aclarar cómo debe interpretarse y facilitar su ejecución, y prevé ayudas públicas específicas. Hasta ahora, la regla estatal obliga a la comunidad a ejecutar las obras que pidan propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad o mayores de setenta años, siempre que el coste anual repercutido, descontadas las ayudas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Un aviso para quien viva en Cataluña: las comunidades de propietarios se rigen aquí por el Código Civil catalán y no por la ley estatal. Un error habitual es llevar a la junta lo que se ha leído sobre la norma estatal. Antes de plantear o de rechazar una obra, conviene confirmar qué régimen se aplica a tu edificio.

En seguros, se reforma la Ley de contrato de seguro para prohibir la discriminación por discapacidad y garantizar igualdad de acceso y de condiciones en los seguros de vida y de salud. Si te han denegado una póliza o te han aplicado una sobreprima por este motivo, guarda la respuesta por escrito: será la base de cualquier reclamación.

En vivienda protegida, los proyectos deberán reservar como mínimo un 4 % de viviendas con accesibilidad universal.

Qué te conviene hacer ahora

• Apunta el 23 de octubre: es la fecha a partir de la cual podrás invocar la nueva ley.
• Localiza tu resolución de grado de dependencia y tu programa de atención. Son los documentos que te pedirán.
• Si tenías suspendida la prestación por cuidados en el entorno familiar, vigila si se reanuda el pago y, si no ocurre, reclámalo por escrito.
• No renuncies a una prestación para pedir otra sin saber antes si en tu comunidad son compatibles.

Tiene sentido consultar a un profesional cuando la administración no contesta a una solicitud, cuando te deniegan una compatibilidad o cuando la comunidad de vecinos se opone a una obra de accesibilidad. En los tres casos hay plazos para recurrir o impugnar, y empiezan a contar desde la notificación o desde el acuerdo.