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Vivienda y excesos normativos

06/08/2026 06:00 Síguenos en Google0:000:00 SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial

Es evidente que la accesibilidad de los ciudadanos a la vivienda es un problema grave, con unos precios subiendo a dos dígitos y una enorme escasez de oferta, especialmente en el mercado del alquiler. Pero esto no puede justificar el “todo vale” en política de vivienda. Las consecuencias de la inacción de los poderes públicos durante muchos años no pueden resolverse de un plumazo a base de ocurrencias de dudosa legalidad y efectos contraproducentes. Ya hace unos meses les hablé de mis enormes dudas sobre la prohibición de las llamadas “compras especulativas de vivienda”. Recuerdo que, como no entendía ni la economía de la medida ni el encaje en el ordenamiento jurídico, fui a una tertulia con Pablo Feu, promotor de la medida, para ver si se me estaba escapando algo. La breve parte económica de la charla mostró que el ponente tenía evidentes lagunas en su conocimiento del sistema hipotecario, aunque hay que reconocer que él mismo señaló que de economía no sabía mucho. Y cuando llegó la parte legal todo lo que había estudiado en derecho constitucional parecía que hubiera quedado desfasado: con una modificación de una normativa urbanística se pretendía limitar un elemento esencial de un derecho fundamental.

Una de esas cosas que pensaba que solo podían ser modificadas por una ley, seguramente orgánica, en el Parlamento de Madrid. Para ser justos hay que decir que el conferenciante también tenía sus dudas, pero zanjó el debate con un “por lo menos está bien que se hable de esto”. En un sector sujeto a una constante inestabilidad regulatoria, con efectos muy negativos sobre la oferta, este argumento es insostenible.

El grave problema de la vivienda no puede justificar una política del “todo vale”

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries pone estas cuestiones blanco sobre negro. Admite la legitimidad del objetivo de atender el derecho a la vivienda, pero entiende que los instrumentos elegidos invaden competencias estatales y vulneran el marco constitucional. Los argumentos son, en lo esencial, similares a los esgrimidos en el informe de José Manuel Trayter (U. Girona) e Irene Araguàs (UB) o el más reciente de Sergio Nasarre y Héctor Simón (URV).

Esta propuesta sigue la estela de otras medidas “milagro” que han bordeado, o superado, los límites de la legislación vigente. Por lo general se justifican en la aplicación en otros sitios (París, Berlín, Ámsterdam, etc.) con una mezcla de complejo de inferioridad y principio de autoridad. Por desgracia, la justificación nunca menciona su impacto económico puesto que, como en el caso de la prohibición de compras especulativas en Rotterdam, es normalmente negativo en términos de los objetivos pretendidos. En este caso se podría añadir una justificación adicional: lo propone el mismísimo Trump. A finales de enero el presidente de Estados Unidos lanzó la idea de impedir que los compradores institucionales pudieran comprar viviendas (“la gente vive en las casas, no las corporaciones”). Si es una idea de Trump, ¡qué podría salir mal! Y cuando se hizo público el dictamen, se oyó un enorme suspiro proveniente del Palau de la Generalitat.

Fuente original: www.lavanguardia.com

Una comunidad de propietarios, condenada por no arreglar una terraza y provocar una humedad en uno de los pisos

El Tribunal de Instancia de San Roque ha fallado a favor de los intereses de la dueña del piso afectado por las humedades, condenando a la comunidad de propietarios a reparar la humedad provocada por la terraza del piso superior. Y, del mismo modo, a indemnizar con casi 1.500 euros a la afectada por los daños materiales causados.

Las relaciones dentro de una comunidad de propietarios no siempre son sencillas. Especialmente, cuando se producen conflictos entre los vecinos por desperfectos en el edificio.

Fuente original: confilegal.com

Propietarios y patronales exigen retirar la ley contra la compra especulativa de vivienda tras el revés del Consell de Garanties Estatutàries

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Sabina Feijóo Macedo

Barcelona05 AGO 2026 20:00

Apenas 24 horas después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emitiera su dictamen sobre la proposición de ley para limitar determinadas compras de vivienda en Catalunya, propietarios, promotores y expertos jurídicos han reaccionado en bloque al pronunciamiento. Las entidades consultadas consideran que el órgano confirma las dudas de constitucionalidad que habían planteado desde el inicio de la tramitación y reclaman la retirada del plan de los Comuns -en alianza con el Govern- que, a su juicio, «vulnera derechos como la propiedad privada, la herencia y la libertad de empresa», según insiste la Asociación de Propietarios de Catalunya.

Según el dictamen del CGE, el órgano concluye por unanimidad que la proposición vulnera varios preceptos constitucionales y estatutarios, tanto por cuestiones de procedimiento como de fondo. Entre otros aspectos, aprecia posibles afectaciones al derecho de propiedad (artículo 33 de la Constitución), a la libertad de empresa (artículo 38), a la seguridad jurídica y a la distribución competencial entre el Estado y la Generalitat (artículo 149), además de cuestionar que una reforma de este alcance se haya tramitado por la vía rápida en el Parlament.

«Un dictamen demoledor»

La Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) considera que el dictamen es «demoledor» y demuestra que la proposición «no se sostiene ni por las formas ni por el contenido». Su presidente, Xavier Vilajoana, exige su retirada inmediata y vuelve a reclamar que cualquier política de vivienda se construya sobre el «consenso y la seguridad jurídica», advirtiendo de que legislar con urgencia sobre un problema estructural termina retrayendo inversión y reduciendo la oferta residencial.

En la misma línea se pronuncia la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que celebra un dictamen que, a su juicio, confirma «por unanimidad» todas las objeciones que había planteado desde el inicio de la tramitación. Además, insiste en que mantener la tramitación de una norma con este nivel de reparos jurídicos solo conduciría a una futura anulación ante el Tribunal Constitucional, con el consiguiente coste institucional y económico que conllevaría. «Aun siendo conscientes de que el dictamen no tiene carácter vinculante, entendemos que el Govern de la Generalitat —y los grupos que impulsan la iniciativa— deberían tomarlo en consideración y retirar definitivamente la proposición de ley del Parlament», zanja la asociación mediante un comunicado.

Foment sube el tono

También la patronal catalana Foment del Treball ha reclamado la retirada «inmediata y urgente» de la proposición y ha rechazado que el Govern se limite a introducir modificaciones parciales para mantener el mismo planteamiento de fondo.

La organización sostiene que la iniciativa «nace jurídicamente y políticamente viciada» y acusa al Ejecutivo catalán de haber sustituido el diálogo por la imposición. A su juicio, la propuesta no contribuye a resolver la crisis de acceso a la vivienda porque «no construye una sola, no moviliza suelo, ni agiliza licencias».

Foment también critica que se criminalice la compra de vivienda con fines distintos de la residencia habitual y reivindica que adquirir un inmueble para rehabilitarlo, conservar patrimonio familiar o invertir constituye el ejercicio legítimo de un derecho constitucional.

El Govern y los Comuns estudian cambios

Frente al varapalo del Consell de Garanties Estatutàries y el rechazo prácticamente unánime de propietarios y patronales, el Executiu mantiene que explorará «todas las vías legales» para garantizar «el derecho a la vivienda» frente a la «especulación». «La mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte de la población», sostuvo la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al conocer el detalle del órgano consultivo. Fuentes del Govern recalcan que «aún queda camino legislativo», que se pueden presentar «alegaciones», y que estudian el margen de mejora «dentro del planeamiento urbanístico».

Los Comuns -partido que exigió limitar la compra especulativa como condición para aprobar los presupuestos de Salvador Illa- mantienen su defensa de la iniciativa, aunque admiten que estudiarán en profundidad el contenido del dictamen antes de decidir los siguientes pasos.

Fuentes de la formación consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que seguirán explorando «todos los márgenes legales» para limitar la compra especulativa de vivienda y discrepan de la interpretación realizada por el Consell de Garanties Estatutàries. Según sostienen, la proposición «no pretende limitar quién puede adquirir una vivienda, sino condicionar el destino que posteriormente se le da», un planteamiento que consideran jurídicamente distinto.

La formación se remite a trasladar, en línea con el comunicado de Jéssica Albiach realizado en X, que «revisará el dictamen junto a los juristas que participaron en la elaboración de la propuesta y que continuará trabajando con el Sindicat de Llogateres y el resto de grupos parlamentarios favorables a impulsar nuevas medidas para frenar la concentración de vivienda en pocas manos».

El contenido de la propuesta

El texto legislativo modifica la Ley de Urbanismo con una filosofía: que solo se pueda comprar un inmueble si es para destinarlo a residencia habitual -propia o de un familiar de primer o segundo grado- o para alquilarlo bajo los límites de precio establecidos. Una vez se apruebe la norma, serán los ayuntamientos de las zonas tensionadas, actualmente 271 municipios que concentran el 90% de la población catalana, los encargados de decidir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad a través de sus planes urbanísticos.

La ley contempla una excepción para las segundas residencias al permitir que las personas físicas -sean grandes o pequeños tenedores- puedan hacerse con una vivienda en un municipio distinto del de su residencia habitual, la que consta en el padrón. En estos casos, se computará como una «extensión» de la primera vivienda y no podrá destinarse a uso turístico ni de temporada. También se amplía el régimen sancionador de la ley para que se consideren infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones y los negocios jurídicos simulados para esquivarlas. Los incumplimientos pueden llegar a suponer multas severas de hasta 1,5 millones de euros.

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