El Govern rectificará tras el informe del Consell de Garanties que cuestiona la ley de vivienda
Iñaki Pardo Torregrosa, Pedro Ruiz Claveria
Barcelona
04/08/2026 15:53 Actualizado 04/08/2026 16:08 Síguenos en Google0:000:00 SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
El Govern de la Generalitat asegura que buscará “medidas legales” para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que advierte que la norma que pactó el Ejecutivo catalán con los comunes vulnera varios preceptos legales de la Constitución y del Estatut, entre ellos el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa o el principio de seguridad jurídica.
“El Govern buscará todas las medidas legales, las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatut, para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya”, asegura la consellera del ramo, Sílvia Paneque, en su primera reacción, difundida en un comunicado.
Paneque advierte también que “la mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un casa se convierte en un problema para la mayor parte del pueblo de Catalunya” y defiende que “es necesario encontrar las vías que de acuerdo con la ley aporten soluciones a un tema estructural como este”. ”Hay que seguir una etapa en la que se tiene que encontrar el camino para que la principal función de una casa en nuestro país sea la de tener un techo para una persona o una familia”, remata la consellera de Territori.
Aunque desde el Palau de la Generalitat no especifican cuál será la vía por la que optará el Ejecutivo de Salvador Illa, queda claro que habrá una modificación del redactado actual o bien que se trabajará para elaborar una nueva ley tras el informe adverso del órgano consultivo catalán, que no es vinculante. Los grupos, de hecho, podrían desoír las recomendaciones del Consell de Garanties, pero queda patente con las palabras de la consellera que no será el camino que elijan los socialistas catalanes.
El PSC dio apoyo a la norma de los comunes porque así lo pactó el Ejecutivo a cambio del apoyo de ese grupo a los presupuestos de la Generalitat, si bien entre las filas de los socialistas hay quien arrastraba los pies y recelaba de la propuesta del grupo de Jéssica Albiach.
El Parlament aprobó tramitar esta ley por lectura única, con un procedimiento abreviado, con el apoyo del PSC, Esquerra y los comunes. El dictamen solicitado tanto por Junts como PP, sin embargo, paralizó su aprobación y este informe que presenta varias objeciones al redactado, abrirá un nuevo periodo de enmiendas que con toda seguridad retrasará la aprobación de la norma.
El órgano consultivo catalán, en un extenso informe, al que ha tenido acceso este medio, señala que la ley vulnera varios preceptos legales como el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada y a recibir una herencia recogido en la Constitución o bien el principio de seguridad jurídica. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad.
El CGE también alerta que se pretenden legislar cuestiones relacionadas con el derecho civil a través de una modificación de la ley de urbanismo catalana, que se invaden competencias estatales en materia de contratos y se cuestiona que se haya empleado el procedimiento de lectura única, que para aprobar la norma se salta varios trámites como escuchar a los entes locales, que serían los encargados de aplicar la ley si sale adelante.
Los comunes, por su parte, aseguran que no comparten el análisis del Consell de Garanties Estatutàries sobre su proposición de ley y apuntan que aprovecharán agosto y septiembre para abordar con los grupos y con el Sindicat de Llogateres los siguientes pasos. Su presidenta en el Parlament, Jéssica Albiach, ha expuesto en un mensaje en X que seguirán “explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Catalunya un derecho y no un activo financiero”. “Tenemos que estudiar en profundidad el dictamen y hablarlo con los expertos que han avalado la propuesta”, ha añadido. Los ecosocialistas consideran que el CGE “no ha entendido que no se limita la adquisición sino el destino de la vivienda”.
El otro grupo que es imprescindible para que la norma salga es Esquerra y lo cierto es que el dictamen del CGE ha añadido más dudas a las que ya inicialmente tenían sobre la ley. Fuentes del partido señalan que “habrá que replantearla” porque “es evidente que la norma tiene demasiadas objeciones”. Los republicanos avisaron durante la tramitación de la ley de sus dudas acerca de la “robustez jurídica” de la misma. Para ellos, la ley de urbanismo no es la mejor vía para regular la compra especulativa de viviendas, objetivo con el que están de acuerdo.
Fuentes republicanas consideran que hay otras posibilidades para encajar esta restricción como el derecho civil, actuar a través de la fiscalidad o en la legislación propia en materia de vivienda en lugar de modificar la ley de urbanismo. En ERC apuntan que “no entienden” que la fiscalidad trate igual a cualquier comprador.
Iñaki Pardo Torregrosa
Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017
Pedro Ruiz Claveria
Calonge, 1998. Redactor de ‘La Vanguardia’ desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana
Fuente original: www.lavanguardia.com
