Imagen generada con IA. Última actualización: 6 de octubre de 2026
El despacho Consultin, dirigido por Iván Rodríguez y bajo la dirección letrada de José María López Diego, asume la defensa de un aspirante de la Policía Local de Manlleu sancionado con ocho meses de suspensión de empleo y sueldo por publicar dos fotografías en redes sociales que, a juicio del despacho, no infringen normativa alguna.
El despacho de abogados Consultin, dirigido por Iván Rodríguez —graduado en derecho, experto en derecho inmobiliario y de oposiciones, fundador de la plataforma de afectados del ISPC, vocal de la asociación Politeia en defensa de los aspirantes y conocido por su trayectoria en la lucha contra la arbitrariedad y el abuso de poder en las oposiciones de acceso a los cuerpos de policía y en el ámbito del ISPC— y bajo la dirección letrada de José María López Diego, ha asumido la defensa de un aspirante de la Policía Local de Manlleu.
El motivo: una sanción disciplinaria de ocho (8) meses de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento de Manlleu por publicar dos fotografías en redes sociales, unas imágenes que, a juicio del despacho, no infringen ninguna normativa. Ocho meses sin funciones ni retribuciones. Por dos fotos.
Un instructor con un pasado que la prensa ya documentó
El instructor inicial del expediente ha sido el actual jefe (cap) de la Policía Local de Manlleu. Según publicaron en su día medios como El Periódico y Nació Digital, entre muchos otros, esa misma persona fue en su momento apartada de su cargo y expedientada en el Ayuntamiento de Tona, donde —siempre según dichas informaciones— se le llegaron a imputar cargos tan graves como prevaricación, cohecho, desobediencia, falsificación de documentos y una actuación abusiva, discriminatoria y arbitraria. El propio interesado atribuyó entonces aquella actuación, según recogió la prensa, a una «revenja i persecució» (una venganza y persecución).
El despacho ya venció al Ayuntamiento de Manlleu en los tribunales en el pasado
No es la primera vez que Iván Rodríguez se enfrenta a la Policía Local y al Ayuntamiento de Manlleu por sus prácticas.
Hace años, el propio Iván Rodríguez logró que el entonces jefe de la Policía Local de Manlleu fuera citado a declarar como investigado por un presunto delito contra la Administración Pública, en las Diligencias Previas 507/2015 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vic.
Y, sobre todo, ganó: la Sentencia nº 217/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Barcelona condenó al Ayuntamiento de Manlleu a indemnizarle con 7.923,66 euros, más los intereses legales y las costas, al declarar que el consistorio había actuado con arbitrariedad —vulnerando la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 de la Constitución— al saltarse el riguroso orden de la bolsa de trabajo de agentes para contratar a otra persona en su lugar.
Su trayectoria frente a estas prácticas va más allá de Manlleu: Iván Rodríguez logró que se investigara a 24 personas, entre alcaldes y jefes de la Policía Local del Bages, por presuntos amaños en el acceso a los cuerpos de policía. Actualmente lleva también la impugnación de la convocatoria de Mossos d’Esquadra 2025 y 2026, a la espera de las medidas cautelares para anular la reserva del 40 % de plazas reservadas a mujeres y conseguir la repetición de la entrevista.
Un mismo Ayuntamiento. Un mismo patrón: la arbitrariedad.
Una presunta persecución que acabó en una baja médica
A juicio de esta defensa, la situación de presunta persecución y de trato discriminatorio dispensada al agente terminó afectando gravemente a su salud, hasta el punto de causarle una baja médica.
Pocos días después de iniciarse esa baja médica, el agente fue notificado de la incoación del expediente disciplinario y requerido para declarar ante el consistorio, pese a encontrarse en esa misma situación de baja.
«Vamos a demostrar su inocencia»
El despacho está recopilando toda la información necesaria para demostrar la inocencia de su representado y no descarta, si el resultado de esa investigación así lo aconseja, ejercer las correspondientes acciones administrativas y, en su caso, penales contra el jefe de la Policía Local, los instructores del expediente, los denominados «testigos», el alcalde y el propio Ayuntamiento de Manlleu.
Porque una sanción de ocho meses de empleo y sueldo por dos fotografías no es disciplina: es, a juicio de esta defensa, un nuevo episodio de abuso de poder que Consultin está decidido a llevar hasta el final.
Actualizaciones
24 de julio de 2026
Una vez examinada parte de la documentación por Iván Rodríguez y José María López Diego, el despacho ha detectado posibles irregularidades que, de confirmarse, podrían ser constitutivas de ilícitos previstos y sancionados en el Código Penal. Para reunir las pruebas necesarias se han presentado ante el Ayuntamiento de Manlleu, hasta el momento, varias instancias de acceso a la información y al expediente.
En ellas se ha solicitado, entre otros extremos y con carácter general, información y documentación sobre:
- la justificación de por qué no se cursó la inscripción de su defendido en el curso de formación básica del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) tras superar el proceso selectivo;
- la forma de acceso y el nombramiento como funcionario del actual jefe (cap) de la Policía Local de Manlleu, presidente del tribunal calificador, denunciante y primer instructor del expediente;
- las eventuales autorizaciones para publicar en redes sociales imágenes de agentes de la plantilla con el uniforme reglamentario;
- los nombramientos como funcionarios de carrera efectuados en el mismo proceso selectivo que su representado;
- las sanciones que, en su caso, se hubieran impuesto anteriormente a otros agentes por hechos de la misma naturaleza.
De manera muy especial, el despacho ha requerido que se explique por qué no se tramitó la inscripción de su representado, cuando se debía, en el curso de formación básica para policías del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) pese a haber superado el proceso selectivo, y ha solicitado su inscripción inmediata en la edición 2026/2027 del curso de formación básica, formación previa e ineludible para completar su carrera profesional como agente de la Policía Local.
El despacho no descarta ejercer en los próximos días las correspondientes acciones penales —mediante la oportuna denuncia o querella criminal— frente a quienes, a la vista del resultado de esta investigación, pudieran resultar responsables: la Alcaldía y la Regidoría de Seguridad Ciudadana, la jefatura de la Policía Local, los instructores del expediente disciplinario, los miembros del tribunal calificador y cuantas otras personas pudieran resultar responsables. Todo ello con pleno respeto a la presunción de inocencia que a todos ampara en tanto no recaiga resolución firme.
El despacho confía en que el Ayuntamiento de Manlleu atienda los requerimientos formulados y facilite, dentro de los plazos legales y de conformidad con la legislación de acceso a la información y transparencia (Ley 19/2013 y Ley catalana 19/2014), la documentación solicitada, lo que permitiría esclarecer los hechos y evitaría tener que ampliar sus actuaciones al resto de irregularidades ya detectadas. En caso contrario, se reserva expresamente el ejercicio de cuantas acciones administrativas y, en su caso, penales resulten procedentes.
1 de septiembre de 2026
El Ayuntamiento de Manlleu ha notificado hoy la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción, a petición del bufete de abogados Consultin, dirigido por Iván Rodríguez y bajo la dirección letrada de José María López Diego. La resolución deja en suspenso los ocho meses de suspensión de empleo y sueldo impuestos el pasado 3 de julio.
La suspensión llega por la vía del artículo 90.3 de la Ley 39/2015, que permite dejar en suspenso una resolución ya firme en vía administrativa cuando el interesado manifiesta su intención de acudir a la vía contencioso-administrativa. Esa manifestación se presentó por registro el 10 de agosto de 2026.
El escrito presentado por la defensa pedía además que la sanción no se utilizara como obstáculo para ningún derecho de su defendido y, de forma expresa, para su inscripción y participación en el Curso de Formación Básica para Policías 2026-2027 del Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El Ayuntamiento responde en la resolución que el plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre de 2026 y que gestionará las inscripciones en los próximos días, comunicando después a los aspirantes su admisión. El curso se imparte del 26 de octubre de 2026 al 9 de julio de 2027.
Es un paso relevante en el calendario del caso: de haberse ejecutado la sanción, su defendido habría quedado fuera de la convocatoria de este año, con un año entero de espera por delante. La defensa continúa con la preparación del recurso contencioso-administrativo y la querella criminal por presuntos delitos que se podrían haber cometido.
23 de septiembre de 2026
El expediente da un giro decisivo. La propia Administración municipal ha reconocido por escrito lo que sostiene esta defensa desde el primer día: que en el Cuerpo de la Policía Local de Manlleu no existe protocolo alguno que regule la publicación de imágenes de agentes uniformados y que ningún miembro dispone de autorización para hacerlo —tampoco los propios mandos—. Y, sin embargo, según la misma documentación municipal, nuestro cliente es el único agente sancionado por esa conducta en los últimos cinco años.
Con ese reconocimiento sobre la mesa, el despacho ha girado la instrucción: si la regla se aplica, ha de aplicarse a todos por igual. Por ello hemos requerido formalmente al Ayuntamiento de Manlleu para que incoe expediente y se sancione, con el mismo rasero empleado contra nuestro cliente, a quienes presuntamente han realizado exactamente los mismos hechos: entre ellos, el propio instructor y los testigos del expediente disciplinario que ha servido para castigar a nuestro cliente, de los que consta que también habrían difundido imágenes de agentes uniformados sin la autorización que la propia Administración admite que nadie posee.
La conclusión es tan simple como demoledora: o esos hechos no eran sancionables —y entonces la sanción impuesta a nuestro cliente carece de todo fundamento—, o lo eran para todos —y entonces no puede admitirse que se persiga únicamente a quien denunció las irregularidades del proceso, dejando indemnes a quienes lo instruyeron y declararon en su contra—. No caben dos varas de medir ante una misma conducta.
A ello se suman dos avances de fondo. Primero, tras la suspensión cautelar obtenida el 1 de septiembre, el despacho ha logrado que nuestro cliente sea finalmente inscrito en el Curso Básico del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), pese a la oposición del Ayuntamiento, que se había servido de una sanción no firme para mantener bloqueada esa inscripción durante meses. Segundo, a instancia de esta parte se ha iniciado un procedimiento ante la Comisión técnica de prevención y abordaje del acoso del Ayuntamiento, en el que nuestro cliente ha sido citado a comparecer para exponer una presunta situación de persecución y trato discriminatorio en el seno del Cuerpo.
En los próximos días, el despacho presentará la querella criminal contra los mandos de la Policía Local de Manlleu presuntamente implicados y la demanda contencioso-administrativa contra la sanción. Todo ello sustentado en la documentación oficial que obra en el expediente y con pleno respeto a la presunción de inocencia que a todos ampara en tanto no recaiga resolución firme.
Actualización 02/10/2026: ambas acciones ya han sido presentadas.
6 de octubre de 2026
A petición de este despacho, el Ayuntamiento ha iniciado un protocolo de acoso. El funcionario fue citado a una entrevista con la técnica de riesgos laborales, que ya se ha efectuado.
Además, el Ayuntamiento ha adoptado como medida cautelar exonerar al afectado de acudir a su puesto de trabajo, manteniendo sus retribuciones, mientras se realizan las investigaciones oportunas y ante la inminencia del inicio de su curso de formación básica en el ISPC, el 26 de octubre: no tendrá que presentarse en el centro de trabajo hasta su ingreso en el Instituto.
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