Un 3 % del valor de adjudicación, más IVA. Si no te adjudicas el inmueble, no se cobra nada.

Firmar el contrato de asesoramiento y representación de puja en subasta, con el encargo de puja y el importe máximo que estás dispuesto a ofrecer, y poner el depósito que exige la subasta para poder participar. Las dos cosas son obligatorias.

El 20 % del valor por el que el bien sale a subasta, con un mínimo de 1.000 euros (artículo 669 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el 3 de abril de 2025). El juzgado puede subir o bajar ese porcentaje en cada subasta. A quien no resulta adjudicatario se le devuelve.

Veinte días naturales desde su apertura, en el Portal de Subastas del BOE. Las posturas son secretas: nadie ve lo que ofrecen los demás.

Con una postura igual o superior al 70 % del valor de subasta la adjudicación es segura: el remate se aprueba al día siguiente del cierre y hay veinte días para pagar el resto del precio. Por debajo del 70 % también se puede adjudicar: el deudor tiene diez días para presentar a alguien que mejore la postura y, si no lo hace, el remate se aprueba a favor del mejor postor siempre que ofrezca al menos el 50 % del valor de subasta, o menos si con eso se paga toda la deuda, con un mínimo del 40 %. Si es la vivienda habitual del deudor, el mínimo es el 70 %, o el 60 % si cubre toda la deuda.

Quien se adjudica el inmueble acepta las cargas anteriores a la que se ejecuta y responde de ellas. Por eso se estudian antes de pujar: una hipoteca anterior o una deuda con la comunidad pueden convertir un precio bajo en una mala compra.

Se comprueba antes de pujar quién lo ocupa y con qué título. Durante la subasta se puede pedir al juzgado visitar el inmueble, y quien lo posee tiene que consentirlo.

No. Las subastas administrativas se celebran en el mismo portal, pero tienen sus propias reglas de depósito, pujas y plazos, que se revisan en el anuncio de cada una.