En el Portal de Subastas del BOE, el único oficial: se filtra por provincia y por tipo de bien. Cuando encuentres una que te interese, nos pasas su identificador y estudiamos el inmueble antes de que pujes.

Hay tres servicios. La consulta de asesoramiento general, para resolver tus dudas. El estudio de una subasta concreta, por 300 € más IVA, que se descuentan del 3 % si después pujamos por ti y te adjudicas el inmueble. Y la puja: un 3 % del valor de adjudicación, más IVA; si no te adjudicas el inmueble, ese 3 % no se cobra. En las subastas judiciales, personarnos con abogado es un servicio extra: 600 € más IGIC, con el procurador aparte.

Sí. Damos el servicio completo, antes y después de la subasta: en las subastas judiciales nos personamos en el procedimiento con abogado y te damos el soporte jurídico posterior. Es un servicio extra, no incluido en el 3 %: 600 € más IGIC, facturado por Soluciones Jurídicas Integrales, S.L. El procurador se paga aparte.

Firmar el contrato de asesoramiento y representación de puja en subasta, con el encargo de puja y el importe máximo que estás dispuesto a ofrecer, y poner el depósito que exige la subasta para poder participar. Las dos cosas son obligatorias.

El que figura en cada subasta, en el apartado «Importe del depósito» de su ficha. En casi todas las que están abiertas hoy en el Portal de Subastas es el 5 % del valor de subasta; en algunas es el 10 % o el 20 %. A quien no resulta adjudicatario se le devuelve.

Veinte días naturales desde su apertura, en el Portal de Subastas del BOE. Las posturas son secretas: nadie ve lo que ofrecen los demás.

Con una postura igual o superior al 70 % del valor de subasta la adjudicación es segura: el remate se aprueba al día siguiente del cierre y hay veinte días para pagar el resto del precio. Por debajo del 70 % también se puede adjudicar: el deudor tiene diez días para presentar a alguien que mejore la postura y, si no lo hace, el remate se aprueba a favor del mejor postor siempre que ofrezca al menos el 50 % del valor de subasta, o menos si con eso se paga toda la deuda, con un mínimo del 40 %. Si es la vivienda habitual del deudor, el mínimo es el 70 %, o el 60 % si cubre toda la deuda.

Quien se adjudica el inmueble acepta las cargas anteriores a la que se ejecuta y responde de ellas. Por eso se estudian antes de pujar: una hipoteca anterior o una deuda con la comunidad pueden convertir un precio bajo en una mala compra.

Se comprueba antes de pujar quién lo ocupa y con qué título. Durante la subasta se puede pedir al juzgado visitar el inmueble, y quien lo posee tiene que consentirlo.

No. Las subastas administrativas se celebran en el mismo portal, pero tienen sus propias reglas de depósito, pujas y plazos, que se revisan en el anuncio de cada una.