Cuando la urgencia por resolver la crisis de vivienda nos lleva demasiado lejos
Es comprensible la frustración ante la escalada de precios y la falta de oferta en el mercado del alquiler. Los números son preocupantes. Pero desde la óptica del derecho, hay que ser claro: el diagnóstico correcto no justifica cualquier remedio.
Hace poco se propuso prohibir las llamadas compras especulativas de vivienda mediante una modificación de la normativa urbanística. Suena bien en el discurso político. El problema es que limitar derechos fundamentales como la propiedad no se resuelve con cambios normativos menores. Eso requiere instrumentos legales más robustos, aprobados en el Parlamento con garantías constitucionales de por medio.
El Consell de Garanties Estatutàries lo ha puesto por escrito: aunque reconoce como legítimo el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, considera que esta medida invade competencias que corresponden al Estado y vulnera el marco constitucional. Otros juristas independientes han llegado a conclusiones similares. No son críticas menores; señalan un problema de fondo en cómo se está intentando resolver el asunto.
Hay un patrón que se repite. Cuando una política no funciona localmente, se buscan ejemplos en París, Berlín o Ámsterdam para justificar copiarla aquí. Lo que rara vez se comenta es si esas medidas realmente funcionan económicamente en sus ciudadanos de origen. En Rotterdam, por ejemplo, la prohibición de compras especulativas no ha tenido los efectos positivos esperados sobre la oferta disponible.
¿Qué debes entender de esto si eres propietario, inquilino o estás pensando en comprar? Que vivimos en un contexto de inestabilidad regulatoria permanente. Las normas cambian, se impugnan ante tribunales, se modifican de nuevo. Eso genera inseguridad jurídica, desalienta la inversión en nueva oferta y, en el fondo, empeora el problema que se pretende solucionar.
Una política de vivienda coherente requiere reformas que se apoyen en bases legales sólidas y que se hayan pensado económicamente. No es glamoroso decirlo, pero es más difícil aprobar una ley que una ordenanza. Por eso es más fácil caer en la tentación del atajo normativo. El resultado es que el sector queda en una incertidumbre constante y los posibles constructores y promotores ralentizan sus planes. Menos oferta significa menos competencia, y menos competencia significa más precios.
La vivienda es un problema grave que merece soluciones ambiciosas. Pero las soluciones bien hecha duran. Las mal hecha, al final, acaban en los juzgados.
Fuente original: www.lavanguardia.com
