Promotores e inquilinos: dos posturas opuestas ante la restricción de compra de vivienda
La proposición de ley que debate el Parlament de Catalunya para limitar la compra de vivienda ha generado un frente común de críticas, aunque por razones completamente distintas. Tanto el sector promotor como los sindicatos de inquilinos se oponen al texto, pero cada uno ve el problema desde ángulos opuestos.
El Parlament ya ha aprobado tramitar esta iniciativa por la vía exprés. Ahora abre un período de enmiendas y debe recabar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, por lo que el texto final puede variar. Aun así, las posiciones de los actores implicados ya están definidas.
Qué propone la ley
El proyecto fija que las viviendas compradas en zonas de mercado tensionado solo podrán destinarse a vivienda principal o a alquiler habitual con precios limitados. Esta restricción también aplicaría a pisos heredados. Además, los compradores no podrían tener más de una segunda residencia. La decisión de aplicar estas medidas recaería en los ayuntamientos a través de sus ordenamientos urbanísticos.
El rechazo de los promotores
La asociación de promotores APCE considera que limitar el uso de los inmuebles vulnera el derecho de propiedad privada y podría resultar inconstitucional. Su postura es que estas restricciones desincentivarían la construcción de nueva oferta y empeorarían el acceso a la vivienda. Los promotores advierten que recurrirán ante el Tribunal Constitucional si la ley llega a aprobarse.
También la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona reclama que estas medidas generan inseguridad jurídica y alejan el capital inversor que, en su opinión, es necesario para ampliar la oferta habitacional.
Desde Pimec proponen un enfoque alternativo: incrementar la oferta mediante incentivos fiscales para el alquiler de larga duración, mayor protección contra ocupaciones ilegales, agilizar licencias de construcción y reforzar colaboraciones público-privadas.
El rechazo de los inquilinos
El Sindicat de Llogateres critica la ley por el lado opuesto: considera que es insuficiente y está «llena de agujeros». Su principal reproche es que dejar la aplicación en manos de los ayuntamientos y vincularla a la declaración de zona tensionada debilitará su efectividad. Reclaman que la prohibición se implemente en todos los lugares donde la especulación ha dificultado el acceso a la vivienda.
La realidad del mercado
Más allá de las posiciones políticas, los datos muestran cambios en el comportamiento inversor. Según Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra, la compra de viviendas para invertir ha caído del 30% en 2023 al 9,9% en 2025, el porcentaje más bajo desde 2013. Paralelamente, aumentan los propietarios que venden pisos que mantenían en alquiler.
Cuando enfrentes una compra o alquiler en estas zonas de mercado tensionado, es importante que entiendas cómo pueden cambiar las reglas según dónde se ubique la vivienda. Las restricciones futuras no afectarán solo al precio, sino también a qué usos puedes darle al inmueble. Consulta qué situación jurídica tiene tu municipio antes de formalizar cualquier operación.
Fuente original: www.lavanguardia.com
