La propuesta de restricción de compras de vivienda enfrenta obstáculos legales importantes
El Consell de Garanties Estatutàries ha publicado un informe que cuestiona la viabilidad legal de la proposición de ley que pretende limitar la compra de vivienda en Cataluña. El documento señala que la norma, impulsada por el Govern y los Comunes, vulneraría derechos fundamentales como la propiedad privada y la libertad de empresa, además de contravenir la Constitución y el Estatut.
Propietarios y promotores ven reforzada su posición con este dictamen. Ambos sectores ya habían presentado objeciones durante los últimos meses. Som Habitatge, la asociación de propietarios, había encargado un análisis jurídico en julio que llegaba a conclusiones similares: la iniciativa contendría problemas de constitucionalidad y incompatibilidades con la legislación europea. Ahora el CGE ratifica esas preocupaciones.
El informe también advierte de un problema formal fundamental: una ley de Urbanismo no es el instrumento legal adecuado para restringir la adquisición de pisos. Este aspecto técnico podría ser determinante en el debate parlamentario que aún falta por celebrar.
Qué pretendía la norma
La proposición permitiría a los municipios situados en zonas de mercado tensionado establecer restricciones sobre el tipo de comprador y el uso de la vivienda. En la práctica, los pisos solo podrían comprarse para residencia permanente o para alquiler con precio regulado. Quedarían fuera el alquiler turístico, el alquiler de temporada y la práctica conocida como house flipping, es decir, la compra y reventa rápida de inmuebles. También se limitaría a una segunda residencia por comprador en esas zonas.
Sin embargo, tanto el PSC como ERC han introducido enmiendas para que las restricciones afecten solo a grandes tenedores: aquellos con cinco o más viviendas en zonas de mercado tensionado.
Dificultades para su aprobación
La tramitación por urgencia, sin comisiones ni comparecencias, buscaba acelerar la aprobación. Pero los votos de ERC, imprescindibles para sacar adelante la iniciativa, no están garantizados. El partido ya ha solicitado replantear el texto. El informe del CGE añade presión para que se ralentice el proceso.
Desde la perspectiva de quien compra o alquila vivienda, es importante entender que estas medidas afectan directamente a tus opciones de inversión inmobiliaria. Si finalmente se aprobara en alguna de sus versiones, los municipios incluidos en zonas tensionadas podrían ser mucho más restrictivos con la venta de propiedades. Por eso conviene estar atento a cómo evoluciona este debate en el Parlament.
La Generalitat definió recientemente las zonas de mercado tensionado: 22 municipios saldrán de esta clasificación a partir de marzo de 2027, mientras que otros 53 entrarán. Todas las ciudades afectadas ya tienen límites de precios en los alquileres.
Fuente original: www.lavanguardia.com