Cómo Extremadura ordena el uso de dispositivos digitales en las aulas: lo que cambia para docentes y familias
Extremadura acaba de publicar la instrucción 6/2026, un documento que establece las pautas sobre el manejo de móviles y otros aparatos digitales dentro de los centros educativos. Se trata de una actualización de las normas que había desde 2024, y trae cambios significativos en cómo se gestiona la tecnología en el aula.
La norma distingue entre dos tipos de dispositivos. Por un lado, están los aparatos que pertenecen al propio centro educativo, como las tabletas institucionales, que sí pueden usarse. Por otro, los terminales personales del alumnado deben permanecer apagados excepto cuando hay una razón pedagógica clara. Los móviles inteligentes solo pueden usarse en Bachillerato y Formación Profesional sin restricciones; en Secundaria, únicamente en casos muy excepcionales y bien justificados. Los relojes inteligentes y wearables similares también deben estar desactivados, salvo en supuestos de salud o educación especial.
Una novedad importante es la regulación de la inteligencia artificial en las aulas. La administración extremeña la reconoce como una herramienta útil, pero subraya la necesidad de usarla con criterio y protegiendo a los menores de edad. Esto es relevante porque cada vez más docentes se plantean incorporar IA en sus estrategias educativas, y contar con directrices claras evita conflictos y usos inadecuados.
La instrucción también aborda la desconexión digital y el bienestar de los usuarios, incluyendo aspectos como la postura ante la pantalla y la distancia correcta respecto a los dispositivos.
Por qué esto importa
Desde la perspectiva jurídica, esta clase de regulaciones ofrecen certidumbre al profesorado. Los docentes necesitan saber exactamente en qué circunstancias pueden exigir que un móvil esté apagado, cuándo pueden autorizarlo y cómo justificarlo ante padres o alumnos que protesten. Sin un marco claro, surgen conflictos innecesarios.
El documento ha sido elaborado con participación de especialistas de educación especial, infantil, primaria, secundaria y formación profesional, lo que da amplitud a los criterios aplicables.
Un error común es pensar que prohibir tecnología es la solución. Esta instrucción toma un camino distinto: reconoce que la tecnología existe y permanecerá en las aulas, pero define cuándo sirve a la educación y cuándo la obstaculiza. La clave está en el control y en la intención pedagógica, no en el rechazo absoluto.
La medida se aplica a todos los centros sostenidos con fondos públicos, aunque también pueden acogerse los colegios concertados. Eso garantiza que no haya dos velocidades en el sistema educativo regional respecto a estas normas.