El Supremo anula el registro único de pisos turísticos: qué cambia ahora
El Tribunal Supremo ha declarado nulo el registro único de arrendamientos de corta duración que el Gobierno había puesto en marcha para controlar las viviendas turísticas. La sentencia estima un recurso presentado por la Comunidad Valenciana y concluye que el Estado se había extralimitado en sus competencias.
¿Cómo funcionaba ese registro? Era obligatorio inscribir cualquier vivienda, habitación o espacio que se alquilara a través de plataformas como Airbnb o Booking. El propietario obtenía un código identificativo que debía aparecer en el anuncio online. Sin ese número, las plataformas estaban obligadas a retirar o bloquear la oferta. De este modo, la Administración podía saber qué se alquilaba, dónde, quién lo ofrecía y si contaba con los permisos locales necesarios.
El tribunal ha considerado que esta estructura nacional superponía funciones que corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La regulación de los pisos turísticos es materia que las autonomías ya regulaban, por lo que crear un registro estatal único invadía sus competencias. Por eso ha anulado los preceptos que creaban ese sistema, aunque mantiene vigentes otras partes del dispositivo, como la ventanilla única digital y las obligaciones de transmisión de datos que tienen las plataformas.
Qué implica esto para quien compra o alquila
A partir de ahora, la responsabilidad de crear registros y controlar la legalidad de los pisos turísticos recae en cada comunidad autónoma. Esto significa fragmentación: cada región puede establecer sus propias reglas, números de registro y requisitos. Lo que es legal en una comunidad puede no serlo en otra.
Si tu intención es alquilar una vivienda a corta duración, debes saber que necesitarás cumplir la normativa de tu comunidad autónoma. Si piensas comprar un piso sabiendo que hay una vivienda turística en el edificio, la falta de un control centralizado puede dificultar verificar si opera legalmente o no. El registro único habría permitido comprobar fácilmente esa información; ahora tendrás que consultar los registros autonómicos.
Un error frecuente es asumir que porque una vivienda se anuncia públicamente en una plataforma conocida, está necesariamente regulada. Muchas ofertas operan sin los permisos necesarios: pueden no tener licencia municipal, incumplir normativas de comunidades autónomas o violar estatutos de comunidades de propietarios. El registro único daba herramientas para detectarlo. Sin él, la vigilancia dependerá de la capacidad de cada administración autonómica y local.
Si resides en una comunidad con estatutos que prohíben alquileres turísticos, o si tu municipio los regula, comprueba directamente en los organismos locales y autonómicos qué procedimiento debes seguir o cómo denunciar ofertas ilegales. No esperes a que exista un registro centralizado.
Fuente original: www.elperiodico.com
