La ley de vivienda catalana necesitará cambios tras el dictamen adverso
El Govern ha reconocido que modificará la normativa sobre vivienda tras recibir un informe crítico del Consell de Garanties Estatutàries. Aunque la consellera de Territori ha anunciado que buscará «medidas legales» para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya, es evidente que el redactado actual no seguirá adelante tal como está.
El órgano consultivo catalán señala en su dictamen que la ley vulnera varios preceptos constitucionales y estatutarios: el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica, entre otros. Todos estos puntos han sido aprobados por unanimidad en el informe. Además, el Consell de Garanties cuestiona que se haya usado la lectura única para tramitar la norma, un procedimiento que salta trámites importantes como la consulta a los entes locales, que serían quienes aplicarían la ley.
Aunque el dictamen no es vinculante, los partidos han optado por aceptar sus objeciones. Los comunes defienden su propuesta y dicen que buscarán alternativas legales. Esquerra, imprescindible para que cualquier norma salga adelante, ya avanzaba dudas sobre la «robustez jurídica» de la propuesta. Ahora, con el informe en la mano, los republicanos consideran que «habrá que replantearsela» porque «es evidente que tiene demasiadas objeciones».
Qué significa esto para el lector
- Si eres propietario o inquilino, la norma tardará más tiempo en aprobarse, si es que finalmente lo hace en términos parecidos a los actuales.
- Es probable que se busque una vía diferente a la modificación de la ley de urbanismo. Esquerra sugiere usar el derecho civil, la fiscalidad o una ley propia de vivienda.
- El debate sobre cómo regular la compra especulativa de viviendas seguirá abierto, pero con mayores garantías jurídicas que las que ofrece el texto inicial.
Un error frecuente es asumir que un proyecto de ley avanzado parlamentariamente saldrá adelante sin cambios. Un informe adverso de un órgano consultivo, aunque no sea vinculante, suele ser síntoma de que hay problemas de fondo que las cámaras legislativas no pasarán por alto. En este caso, incluso quien apoyaba la propuesta reconoce que hay que replantearsela. Cuando legislas sobre derechos fundamentales como la propiedad o la libertad de empresa, el margen para actuar sin respetar los límites constitucionales es muy estrecho.
Los próximos pasos pasarán por una nueva fase de enmiendas que probablemente alargará significativamente el proceso legislativo.
Fuente original: www.lavanguardia.com
