Menos burocracia para construir: hacia trámites más ágiles en vivienda e industria
La administración catalana ha presentado un anteproyecto de ley que busca acelerar significativamente los procedimientos urbanísticos y ambientales. Los números son elocuentes: una licencia de obras, que hoy requiere entre nueve y doce meses, podría obtenerse en uno. Los planeamientos urbanísticos derivados pasarían de dos años de media a entre seis y ocho meses. Y una de las fases de las autorizaciones ambientales, que puede alargarse hasta veinticuatro meses, se reduciría a doce.
El objetivo declarado es resolver un problema que afecta a promotores, empresarios y ayuntamientos: que iniciar una promoción de viviendas o una inversión industrial en Catalunya consume demasiado tiempo administrativo. La reforma incide en que las garantías ambientales y urbanísticas se mantendrán intactas. El problema, según la Generalitat, no es la exigencia normativa, sino la acumulación de informes duplicados y procedimientos que ralentizan proyectos que ya cumplen la ley.
Una de las novedades principales son las Entidades Colaboradoras de la Administración en materia Urbanística (ECAU): organismos privados acreditados por la Generalitat que certificarán si un proyecto cumple toda la normativa. Si aportas ese certificado, el ayuntamiento tendrá un mes para conceder la licencia. Estas entidades deberán demostrar solvencia técnica, someterse a auditorías y contar con un seguro de responsabilidad civil de cinco millones de euros. Con todo, podrás seguir usando el procedimiento tradicional si lo prefieres.
Qué debes saber como promotor o emprendedor
Estos cambios afectan principalmente a quienes impulsan construcción o proyectos industriales. La nueva vía rápida será preferente para el plan de construcción de 50.000 viviendas. El Govern insiste en que no se privatiza el control, sino que se sustituye parte de la verificación administrativa por un sistema de corresponsabilidad que descarga trabajo de unos servicios municipales habitualmente saturados.
El segundo cambio importante toca el planeamiento urbanístico. Los planes derivados (los que interpretan lo que marca el POUM, el plan general) tardan actualmente unos veinticuatro meses en aprobarse. La intención es reducir ese plazo a entre seis y ocho meses eliminando cuellos de botella.
El error más frecuente
Muchos promotores creen que la lentitud es inevitable. No lo es. En buena medida, el retraso viene de que expedientes permanecen bloqueados esperando informes de organismos como la Agència Catalana de l’Aigua o departamentos competentes. Aunque la ley fija plazos de uno o dos meses y prevé el silencio administrativo positivo, en la práctica nadie arranca los trabajos hasta tener la aprobación oficial por escrito. La nueva regulación intenta cambiar esa dinámica.
La reforma modifica diez leyes y cinco reglamentos. El proceso de información pública ya ha arrancado, así que es el momento para que estudies cómo afectan estos cambios a tus proyectos concretos.
Fuente original: www.elperiodico.com
