Cambios de criterio sin justificación en las oposiciones de Policía Municipal de Valladolid
El proceso de selección para cubrir plazas de Inspector y Subinspector en la Policía Municipal de Valladolid ha generado una situación que ejemplifica los riesgos de la falta de consistencia en los procedimientos de oposición. El sindicato CSIF ha puesto en evidencia una serie de decisiones del tribunal que merecen atención porque ponen en cuestión principios básicos del acceso a la función pública.
El conflicto surgió alrededor de un requisito concreto: ambas convocatorias establecían un límite máximo de 25 folios para la memoria profesional. En la oposición a Subinspector, el tribunal aplicó esta norma de manera rigurosa y excluyó de las pruebas orales a cinco candidatos que se pasaron de esa extensión. Hasta aquí, criterio aplicado. El problema llegó poco después.
En la misma categoría temporal, cuando se evaluó a los candidatos a Inspector, el tribunal cambió de opinión. Permitió que aspirantes que también habían superado el límite de folios accedieran al examen oral. Días más tarde, el órgano volvió atrás de nuevo: convocó a los cinco Subinspectores descartados para darles una segunda oportunidad, ya una vez conocidas sus identidades.
Lo que eleva esto más allá de una simple inconsistencia administrativa es la justificación ofrecida. El tribunal respalda su volantazo citando una Sentencia del Tribunal Supremo del 4 de mayo de 2022, con referencia al recurso de casación 1823/2019. Según CSIF, tras consultar la base oficial de jurisprudencia (CENDOJ) y otros repertorios, esa sentencia no existe o no guarda relación alguna con este asunto.
Por qué esto importa en cualquier oposición
Cuando participes en un proceso selectivo, tienes derecho a que las bases se apliquen con uniformidad. Un tribunal no puede cambiar de interpretación de la noche a la mañana, ni puede hacerlo de forma selectiva según quiénes sean los afectados. Si la decisión se justifica mediante una fuente legal que no existe, estamos ante un problema de legitimidad que va más allá del error administrativo.
El error habitual es asumir que el tribunal siempre acierta o que sus decisiones son irreversibles. No es así. Si detectas cambios de criterio injustificados, si los argumentos legales no se sostienen, tienes vías de recurso. Un despacho puede verificar si la documentación que cita existe, si aplica realmente al caso y si se ha respetado la igualdad entre candidatos.
CSIF ha solicitado el expediente completo y analiza actualmente si acudir a los juzgados. La cuestión de fondo es clara: en la función pública, el mérito y la capacidad deben primar siempre, y las normas tienen que aplicarse igual para todos.
