La costa mediterránea afronta sus contradicciones: crecimiento económico vs. habitabilidad
La zona mediterránea española concentra el 40% de la población y genera el 40% del PIB nacional. Pero esa capacidad productiva convive con desafíos que amenazan su propia sostenibilidad: el turismo masivo, la escasez de vivienda asequible, la sequía persistente y la tensión social en territorios cada vez más diversos. Son problemas que no se pueden resolver aisladamente. Exigen un pensamiento sistémico que trascienda las fronteras administrativas.
La presión sobre el territorio es evidente. En Baleares, solo Mallorca recibe hasta 400.000 vehículos anuales a través de sus puertos. La congestión es especialmente aguda en verano, lo que ha llevado a defender límites claros a la entrada de coches, una medida que ya aplican Formentera e Ibiza. Sin embargo, estos cortes no pueden significar dejar sin acceso a quienes viven allí. En Valencia, donde existen más de 500 áreas industriales, el transporte público es todavía insuficiente, especialmente el nocturno para trabajadores de fábricas. La gobernanza metropolitana debe integrar rodalies, metro y conexiones que permitan la movilidad sin sacrificar competitividad.
El reto habitacional es más profundo de lo que parece. Con población creciente, suelo limitado y sequías recurrentes, la pregunta es ineludible: ¿pueden estas ciudades seguir siendo accesibles para todos? La solución no pasa solo por construir vivienda nueva. Hay que regenerar el parque residencial obsoleto mediante sustitución parcial de edificios con daños irreversibles, rehabilitación integral o densificación controlada. Lo crucial es que cualquier intervención debe acompañarse de mediación social estructural, no de urgencia. Las ciudades mediterráneas son cada vez más diversas, y esa diversidad genera tensiones que no se resuelven con inversión pública únicamente.
El modelo de gestión del agua también importa. Barcelona ha avanzado en regeneración hídrica mediante un ciclo integrado y reutilización potable indirecta. Pero la normativa aún data de 2007 y frena la exportación de estas soluciones a otros territorios mediterráneos.
En cuanto a competitividad e innovación, hay un diagnóstico compartido: la energía ya no es un recurso de primera necesidad, sino una infraestructura que determina si un territorio puede crecer. Proyectos como la sustitución de gas natural por hidrógeno en la industria cerámica son técnicamente viables, pero requieren inversiones, formación y reducción burocrática.
El caso de Málaga ilustra bien otra contradicción: ya es un hub tecnológico consolidado, pero el 40% de sus trabajadores no puede vivir en la ciudad porque los precios la han puesto fuera de su alcance. Crecimiento sin inclusión es insostenible. Estamos en un momento crítico: mantener el atractivo económico es posible, pero requiere equilibrar ambiciones productivas con derechos básicos como tener donde vivir.
Fuente original: www.elperiodico.com
