Cuestionamientos sobre los criterios de aprobado en el proceso selectivo de la Policía Local balear
El Proceso Selectivo Unificado de la Policía Local de las Illes Balears 2026 enfrenta su cuarta reclamación colectiva. En esta ocasión, un grupo significativo de opositores ha presentado alegaciones contra los resultados provisionales de la prueba psicotécnica, en la que participaron alrededor de 194 aspirantes. De estos, solo 84 han sido declarados aptos provisionalmente, una cifra que coincide exactamente con las plazas convocadas.
El núcleo de la disputa gira en torno a cómo se determinó el umbral de aprobado. Las bases publicadas en el Boletín Oficial de las Illes Balears fijaban una escala de 0 a 10 con un mínimo de 5 puntos para superar la prueba. Sin embargo, los opositores denuncian que posteriormente se aplicó un percentil 30 (P30) que no figuraba en la convocatoria inicial. Este criterio se concretó en 157 puntos de una puntuación máxima de 252, lo que representa un 62,3 % en lugar del 50 % que correspondería al 5 sobre 10 según conversión lineal.
Los afectados reclaman transparencia sobre varios aspectos fundamentales:
- Por qué se fijó el P30 en esa puntuación específica
- Cuándo se determinó este criterio exactamente
- Qué documentación técnica prueba que el baremo estaba establecido antes de conocerse los resultados
- Por qué en otros procesos selectivos municipales de las islas se aplicó el umbral mínimo de las bases y no este percentil externo basado en una muestra de 800 personas ajenas a la oposición
Otra cuestión relevante es la imposibilidad de revisar completamente el examen. Aunque los opositores conocen sus aciertos y errores, no pueden acceder al cuadernillo de preguntas ni a las opciones correctas, alegando la empresa evaluadora (GSG Metrics) cuestiones de propiedad intelectual. Esto cobra importancia porque se han identificado problemas en los ejercicios de razonamiento espacial, donde los aspirantes cuestionan la claridad de las instrucciones proporcionadas.
Asimismo, los reclamantes solicitan prueba documentada del procedimiento de anonimato aplicado en la corrección. Aunque la empresa asegura que se realizó sin conocer la identidad de los aspirantes, estos consignaron su nombre de forma manuscrita, por lo que piden que se acredite la separación o codificación de datos.
Desde la perspectiva de la asesoría jurídica, estos procesos revelan un error frecuente: la falta de claridad en los criterios técnicos de evaluación desde el inicio. Cuando una base de oposición no explicita cómo se aplicará un percentil o una transformación de puntuaciones, se genera incertidumbre y vulnerabilidad jurídica. Los opositores afectados han trasladado el asunto a responsables institucionales y buscan asesoramiento especializado en Derecho Administrativo, considerando la vía contencioso-administrativa si no obtienen respuestas satisfactorias.
Cabe mencionar que la misma empresa evaluadora fue protagonista de un incidente en un proceso de la Policía Municipal de Madrid en agosto de 2024, donde el Tribunal Calificador detectó discrepancias que obligaron a retrotraer las actuaciones y modificar la lista de aptos. Aunque los opositores baleares reconocen que este precedente no demuestra error en su caso, lo citan como razón por la cual es necesaria una revisión efectiva y documentable de los procedimientos.
