Cuando la empresa de alquiler cobra lo que debería hacer gratis
El ministerio de Consumo ha sancionado a Avis con un millón de euros por una práctica que afecta directamente a quien alquila un vehículo y recibe una multa de tráfico durante el período de arrendamiento. La empresa cobraba entre 33,88 y 45 euros en concepto de «gastos de gestión de sanción administrativa», es decir, una tasa adicional por tramitar el pago de la multa y comunicar a la administración quién era el infractor.
El problema legal es claro: esa gestión no es un servicio opcional que Avis presta voluntariamente. Es una obligación que la ley impone al titular del vehículo. Cuando alquilas un coche, la empresa sigue siendo propietaria y, por tanto, responsable ante la administración de identificar al conductor que cometió la infracción. Avis estaba obligada a hacerlo, así que no puede cobrar por cumplir una obligación legal.
La resolución de Consumo considera esta práctica «muy grave» porque rompe el equilibrio del contrato de alquiler. Establece una carga económica desproporcionada que perjudica al cliente: este ya paga la multa, y encima tiene que financiar el trámite administrativo que debería correr a cargo de quien es propietario del vehículo.
Qué debes saber si alquilas un coche
Si has alquilado recientemente y te han cobrado una cantidad similar, tienes derecho a reclamarla. Consumo ha establecido claramente que se trata de un abuso. No es un gasto legítimo de gestión: es una práctica deshonesta de repercutir al cliente lo que la ley obliga a la empresa a hacer.
La resolución agota la vía administrativa, pero Avis puede recurrir ante los tribunales. Eso significa que el conflicto no termina aquí, aunque la posición de Consumo es firme y se ampara en artículos específicos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Otros sectores han recibido sanciones similares en los últimos años por prácticas comparables. Consumo multó a cinco aerolíneas low cost con casi 179 millones de euros por cobros abusivos, incluido el del equipaje de mano. También sancionó a Airbnb con 64 millones por publicar anuncios sin licencia o con información falsa, y a Alquiler Seguro con 3,6 millones por trasladar gastos de gestión a los inquilinos.
El patrón es el mismo: empresas que trasladan costes operativos o cumplimientos legales al cliente de manera desproporcionada, rompiendo la equidad del contrato. Estas sanciones demuestran que las autoridades están vigilando estos abusos.
Fuente original: www.elperiodico.com
