El debate sobre evaluar y premiar el desempeño en la función pública asturiana
El Gobierno de Asturias ha puesto sobre la mesa un sistema de evaluación obligatoria para parte de sus empleados públicos. La idea es medir el rendimiento individual y, en función de eso, otorgar incentivos a quienes considere más productivos o aplicar medidas restrictivas a los que no alcancen los estándares esperados. El mecanismo forma parte de la Ley de Empleo Público aprobada en 2023 y, tras analizar modelos de otras comunidades y negociar con sindicatos, el Ejecutivo autonómico prevé ponerlo en marcha a partir del 1 de enero de 2027.
El presidente Adrián Barbón ha salido públicamente a defender la iniciativa frente a las críticas que recibe desde múltiples flancos. Su mensaje a la oposición ha sido directo: que presten atención a lo que demanda la ciudadanía. Sin embargo, la propuesta genera inquietud tanto en la izquierda como en la derecha del arco parlamentario, e incluso preocupa a IU, que forma parte del Gobierno autonómico.
Las objeciones que plantea la oposición tocan aspectos fundamentales:
- Riesgo de discrecionalidad política en la asignación de premios y sanciones
- Cuestionamiento sobre si los problemas de eficiencia en la Administración dependen realmente del desempeño individual o de factores estructurales
- Preocupación por la falta de claridad en cómo se aplicará el sistema y qué impacto real puede tener
Desde una perspectiva jurídica y práctica, conviene que tengas claro qué implica un modelo así. Cualquier sistema de evaluación de funcionarios debe cumplir con principios de objetividad, transparencia y proporcionalidad. Los criterios no pueden ser vagos ni dejar margen a la arbitrariedad. Si los indicadores de rendimiento no están definidos con precisión, o si la ponderación de factores externos (recursos disponibles, organización, decisiones superiores) no se contempla adecuadamente, el sistema puede derivar en litigios laborales y conflictividad sindical.
Un error común es creer que medir individuos soluciona problemas de Administración. La realidad es más compleja. Una unidad administrativa funciona mal por múltiples razones: falta de plantilla, ausencia de herramientas, procesos obsoletos, decisiones de arriba hacia abajo que nadie cuestionó. Responsabilizar al trabajador por todo esto, sin resolver antes lo estructural, genera frustración y resistencia. El sistema de evaluación debe ir acompañado de inversión real en mejora de la máquina administrativa.
El decreto aún espera el visto bueno del Consejo Consultivo y debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Es el momento en el que pueden introducirse ajustes que blindan el procedimiento contra desigualdades y garantizan que los estándares de medición sean reales y justos. Cuanto más claros y participados sean esos criterios desde el principio, menos conflictos habrá después.
