Qué significa para Asturias un campus de datos de esta magnitud
Asturias va a albergar una infraestructura tecnológica de envergadura. Se trata de Digital Valley Asturias, un campus especializado en centros de datos que se levantará en el concejo de Salas con una inversión de 1.226,3 millones de euros. El proyecto, promovido por Sales For You Consulting, busca la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional.
A nivel práctico, el campus funcionará como un polo de almacenamiento, procesamiento y gestión de información. Ofrecerá servicios ligados a inteligencia artificial, computación en la nube y tecnologías digitales afines. La instalación ocupará 154.584 metros cuadrados e integra diez módulos de centros de datos, una subestación eléctrica, una planta fotovoltaica y sistemas de refrigeración diseñados para minimizar el gasto en agua y electricidad.
La creación de empleo es uno de los pilares del proyecto. Se estima que durante la construcción y operación se generarán hasta 3.000 empleos. Una vez en funcionamiento, el campus aportará 120 empleos directos, 962 indirectos y 236 inducidos. A lo largo de veinte años, la previsión es generar 1.318 empleos anuales en conjunto.
El impacto económico previsto asciende a 4.177 millones de euros sobre el PIB regional en dos décadas.
El calendario y las fases de ejecución
- Primera fase: 240 millones de euros para 24 megavatios de capacidad informática
- Segunda fase: 960 millones para ampliar hasta 120 megavatios
- Tramitación administrativa: 2025-2026
- Obras: inicio en 2027
- Operatividad: progresiva hasta finales de 2030
Desde la perspectiva jurídica y regulatoria, hay elementos que merece la pena observar. Proyectos de esta escala requieren un análisis cuidadoso de las autorizaciones ambientales, los permisos de conexión a red y la compatibilidad con la ordenación territorial vigente. La figura de Proyecto de Interés Estratégico Regional agiliza trámites, pero no los elimina.
Un error que cometen a menudo los municipios es asumir que una inversión de este tamaño no genera obligaciones adicionales en materia de urbanismo o licencias. Cada módulo de datos, la subestación, la instalación fotovoltaica, el sistema de refrigeración: todo necesita validación. Y los que deciden sobre estos campus (ayuntamientos, comunidades autónomas, promotores) deben tener clara la diferencia entre lo que el proyecto promete y lo que el marco normativo permite realmente.
El cronograma es largo, lo que da margen para ajustes, pero también implica que las condiciones de mercado, la disponibilidad de financiación o los criterios ambientales pueden variar entre ahora y 2030. Mantener el ritmo de ejecución en un contexto así no es trivial.
