Cuando el error en la valoración de méritos te cuesta caro como administración
Un fallo en la puntuación de la experiencia profesional ha costado a la Diputación de Valencia tener que reconocer una plaza a un funcionario que había quedado fuera en un concurso. La sentencia, ya firme, ordena que se le adjudique el puesto de Técnico Superior de Fiscalización y que abone los salarios correspondientes a los 20 meses transcurridos desde que debería haberse incorporado, más los intereses legales.
El caso es ilustrativo de cómo una mala aplicación de los criterios de baremo puede derivar en consecuencias económicas importantes para la administración. Este funcionario, que trabajaba en Muro d’Alcoi, se presentó al proceso selectivo que convocó la Diputación en diciembre de 2024. La comisión de valoración no reconoció debidamente los puntos correspondientes a su experiencia profesional, lo que le situó fuera de la zona de adjudicación. Con esos 5 puntos que debieron sumarse, habría resultado ser el candidato elegido.
El funcionario recurrió primero por la vía administrativa. La Diputación rechazó tanto el recurso como la alzada. Luego acudió a los tribunales. La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, en sentencia de marzo de 2026, anuló la baremación anterior y ordenó que se sumasen los cinco puntos que faltaban. Con esa corrección, el baremo le favorecía.
Qué implica este tipo de errores
Estos procesos selectivos en administración pública requieren rigor absoluto en la valoración de méritos. Los errores en la puntuación de experiencia, formación complementaria o cualquier otro criterio que figure en las bases pueden invalidar todo el resultado. Es frecuente que los órganos de selección cometan imprecisiones al interpretar qué experiencia es valorable o cómo se debe aplicar el baremo.
En este caso, la Diputación no solo pierde la potestad sobre cómo adjudicar esa plaza, sino que debe pagar los salarios devengados desde la fecha en que debería haberse producido la incorporación. Son 20 meses de retribuciones más intereses legales. La cuantía final dependerá de las retribuciones que correspondan al puesto.
El funcionario que ocupaba la plaza se la pierden, aunque continúa en la institución en otro puesto, ya que estaba en comisión de servicios. La sentencia es firme, así que la Diputación no tiene margen para recurrir. Toca modificar el resultado, adjudicar la plaza y hacer cuentas.
Este tipo de sentencias suelen ser más frecuentes de lo que se piensa en procesos selectivos de administración pública. Un análisis cuidadoso de las bases de la convocatoria, una valoración exhaustiva y documentada de cada mérito, y un procedimiento transparente reducen significativamente estos riesgos.
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