Cuando la persistencia abre puertas en el empleo público
Gonzalo José López Santamaría tiene 25 años y una discapacidad intelectual del 49%. El pasado 27 de julio tomó posesión como auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Málaga. Su historia no es solo la de un joven que ha conseguido un puesto en la administración, sino la de una madre y un colectivo que tuvieron que pelear por lo que la ley ya contemplaba: el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad intelectual.
Todo comenzó con un problema muy concreto. El Ayuntamiento malagueño no estaba aplicando el 2% de plazas reservadas para discapacidad intelectual en sus convocatorias. Su madre, Belén Santamaría, junto a otras familias que se encontraban en la misma situación, decidieron actuar. Presentaron un recurso de reposición y una denuncia ante el Defensor del Pueblo. El resultado fue que en las oposiciones de 2023 el ayuntamiento modificó su política: tres plazas de auxiliar administrativo se convirtieron en cuatro, todas ellas destinadas a este cupo.
Gonzalo no llegó a este puesto de forma casual. Antes de conseguirlo, se presentó a veinte convocatorias diferentes en distintas administraciones. Los puestos variaban: conserje, subalterno, auxiliar administrativo, telefonista, portero, ordenanza. Una de esas oposiciones, la de oficial de servicios generales en la Diputación de Málaga, la superó. De hecho, cuando aprobó la del Ayuntamiento ya estaba trabajando en la Diputación, por lo que solicitó una excedencia en el nuevo puesto para mantener su plaza en La Noria, donde ahora graba documentos, atiende al público y ayuda a organizar eventos.
El temario es el mismo para todos, pero el acceso no siempre
Aquí viene un punto relevante. Para la plaza que Gonzalo consiguió, el temario consta de 20 temas idénticos para todos los candidatos. La adaptación en el cupo de discapacidad intelectual afecta solo a las preguntas del examen, no al contenido que hay que estudiar. Su madre, que trabaja en el Instituto Nacional de Estadística, adapta personalmente los materiales con paciencia y dedicación.
Sin embargo, tanto Belén como Gonzalo plantean una mejora que otras administraciones ya han puesto en marcha: adaptar también los temarios mismos, no solo las pruebas. Una moción aprobada en el pleno municipal en marzo de 2023 se comprometía a facilitar temarios adaptados y en lectura fácil, crear un acceso directo para las convocatorias y eximir de tasas a las personas con discapacidad intelectual. Esos compromisos aún no se han ejecutado.
El dato que cuestiona por qué no se hace es simple: ayuntamientos más pequeños como Talavera de la Reina, Molina del Segura, Ciudad Rodrigo o San Sebastián de los Reyes ya cuentan con temarios adaptados. Si municipios de menor tamaño y recursos lo consiguen, ¿por qué Málaga no?
La historia de Gonzalo es un ejemplo de que cuando existe voluntad familiar y apoyo colectivo, las cosas cambian. Pero también evidencia que el camino hacia la plena integración laboral de las personas con discapacidad intelectual aún tiene obstáculos que remover, incluso en los detalles aparentemente más simples.
