Los gobiernos locales en minoría son gobiernos débiles. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder en Santillana del Mar tras la marcha del concejal de Obras del PP hacia el grupo mixto. Miguel Trueba ha dejado de estar adscrito a su partido para pasar a ser un edil no adscrito, lo que desmorona la mayoría que sustentaba al tripartito formado por AVI, PRC y PP.
Las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias. Trueba sostiene que la alcaldesa Sara Izquierdo le retiró sus competencias y su sueldo mientras estaba de baja médica, notificándole todo por correo electrónico sin mediar conversación. Izquierdo, por su parte, argumenta que se trata de un mero trámite administrativo: cuando alguien se ausenta por enfermedad sin fecha de regreso, sus funciones se traspasan a otro miembro del Gobierno. En concreto, pasaron a Rafael Oceja, también del PP.
Lo relevante para ti, como ciudadano interesado en la gestión municipal, es entender qué significa esto en la práctica. Un Gobierno sin mayoría en el pleno tiene muchas dificultades para aprobar presupuestos, ordenanzas o proyectos. Cualquier iniciativa que le sitúe frente a la oposición puede ser bloqueada. Ahora el tripartito tiene cinco concejales y la oposición seis, incluyendo a Trueba y a otro edil no adscrito, el socialista Fidel González, que renunció a su grupo nada más tomar posesión en marzo.
Cómo se llega a estos cambios
Santillana ha experimentado una movilidad política considerable en esta legislatura. Ya hubo una moción de censura que sacó al PSOE del Gobierno. Ahora, la erosión continúa con defecciones dentro de la coalición de Gobierno. Y todo esto ocurre en un contexto donde hay varios procedimientos judiciales pendientes que afectan a miembros de la Corporación.
Un error frecuente es pensar que los cambios de adscripción política dentro de un mandato son simples anécdotas. No lo son. Modifican el equilibrio de poder real en el Ayuntamiento y pueden paralizar la actividad municipal durante meses.
Tampoco es la primera polémica que afecta a Trueba. El PSOE solicitó su dimisión cuando se detectó que ejercía actividad hostelera en un local que solo tenía licencia de obrador de alimentación, incumpliendo normativa municipal. Aunque no fue cesado entonces, sí se le requirió para que regularizase su situación.
El desacuerdo sobre cómo se llevó el proceso de traspaso de competencias refleja un problema más amplio: la falta de claridad en los procedimientos y la comunicación deficiente. Izquierdo afirma que informó personalmente a Trueba; él dice que no hubo conversación. Es un conflicto evitable con gestión más cuidadosa.
