La nueva ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC) ya es una realidad. El Parlamento de Canarias aprobó esta mañana la reforma que reorganiza el funcionamiento del ente público tras más de una década marcada por el bloqueo de sus órganos de gobierno, aunque lo hizo únicamente con el respaldo de los grupos que sostienen al Ejecutivo autonómico y tras un proceso envuelto en críticas de la oposición. Los partidos que apoyan al Gobierno defendieron -en el último pleno antes del parón de verano- que la norma permitirá dotar de estabilidad a la radiotelevisión pública y evitar situaciones de parálisis institucional, mientras PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox coincidieron en rechazar el texto al considerar que reduce el control del Parlamento sobre el ente y concentra más poder en la figura del director general.
La norma sustituye a la ley de 2014, un marco que nunca llegó a desplegar plenamente el modelo de gobernanza previsto y que obligó durante años a recurrir a fórmulas transitorias como la del administrador único. Ese fue precisamente uno de los principales argumentos esgrimidos por los grupos que respaldaron la iniciativa. La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, defendió que la reforma nace para que RTVC «no quede bloqueada» y en la misma línea, el portavoz del PP, Carlos Esther, recordó que el modelo anterior desembocó en un «ridículo estrepitoso».
El principal foco de la controversia se situó en el nuevo sistema de elección de la Junta de Control. La ley mantiene que sus siete integrantes sean designados por el Parlamento para un mandato de cinco años, pero introduce una segunda votación en la que bastará la mayoría absoluta si en el primer intento no se alcanzan los tres quintos. Espino insistió en que tanto la Junta de Control como el director general seguirán siendo elegidos por el Parlamento y defendió que la reforma «mejora la gobernanza» sin restar garantías democráticas.
La oposición, sin embargo, interpretó ese cambio como una reducción del papel de la Cámara. La diputada socialista Nira Fierro calificó la reforma de «retroceso democrático» y la representante de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Carmen Hernández, fue aún más contundente al afirmar que la ley abre la puerta a una «TeleClavijo» que concentra el poder «en una sola persona». Vox también rechazó el nuevo modelo de gobernanza. La diputada Paula Jover denunció que el Ejecutivo «incremente su influencia» sobre la radiotelevisión pública y aseguró que la norma supone el nacimiento de «un nuevo nodo en alta definición».
La reforma llega además con cambios importantes en materia laboral tras las modificaciones incorporadas durante su tramitación parlamentaria. La ley establece que Televisión Canaria deberá emitir al menos 1.600 horas anuales de contenidos informativos elaborados con personal propio y Radio Canaria un mínimo de 3.500 horas, una implantación que será progresiva hasta alcanzar esas cifras en 2027. Además, la producción, edición, realización y ejecución técnica de los informativos recaerá en trabajadores de las entidades públicas, aunque la norma mantiene la posibilidad de contratar empresas externas para trabajos complementarios.